Las «incertidumbres» del Presupuesto andaluz: 400 millones por el déficit y el criterio de regla de gasto

Esta incertidumbre en torno al déficit, que tiene su origen en la falta de aprobación de la nueva senda de estabilidad que el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros pero tuvo que retirar antes de llegar al Parlamento por falta de apoyos, tiene una traducción concreta en cifras. La diferencia entre que se apruebe o no esta senda para cada comunidad son 0,2 puntos, lo que representa 400 millones de euros que se podrían gastar si se solicitan a través de un crédito.

Salvo sorpresas, la Junta de Andalucía está abocada a aprobar las cuentas con superávit del 0,1% dado que no hay previsión alguna de que de aquí a que se inicien su tramitación parlamentaria se vaya a producir una votación en el Congreso de los Diputados que avale la nueva senda de déficit más flexible.

Existe una segunda incertidumbre: la regla de gasto. Es decir, el límite que existe de ejecución de gasto público cada año en el que computan también los efectos de las rebajas fiscales que se puedan aplicar. «Las comunidades autónomas se enfrentan a dificultades técnicas para calcular la variable más relevante en el nuevo modelo de gobernanza fiscal europeo, como es la regla de gasto, lo que complica un seguimiento efectivo de su cumplimiento».

Pero para la Junta de Andalucía el verdadero condicionante de las cuentas autonómicas y de las posibilidades de gasto público es el déficit de financiación estatal que calcula en 1.500 millones de euros al año. No se trata de que se se reciban menos fondos. Todo lo contrario. El próximo ejercicio Andalucía aguarda un aumento de las entregas a cuenta que recibe del Estado como viene ocurriendo durante los últimos años.

El déficit de financiación se produce porque en el reparto de los recursos, de acuerdo con la población andaluza, le correspondería más dinero del que recibe, tal y como le ocurre a Murcia, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

«El sistema de financiación genera una pérdida anual de 1.500 millones de euros. Esta reducción de recursos asignados a la comunidad ha obligado a limitar la capacidad de ejecución en áreas que no están directamente vinculados con la prestación de servicios públicos fundamentales, creando un notable agravio comparativo respecto a otros territorios», explica la memoria del anteproyecto de ley.