¿Qué implica el nivel 4 de alerta antiterrorista?

Tanto es así que semana tras semana se reúne la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista para analizar la situación y si son precisos algunos cambios en el sistema.

El último encuentro celebrado, el martes 17, concentró al ministro Fernando Grande-Marlaska; al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz; al director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez; y a miembros de la Policía Nacional y la Benemérita, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido como CIFAS; y, como no podía ser de otra manera, representantes del Departamento de Seguridad Nacional, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Todos estas autoridades y portavoces han convenido en activar «determinadas unidades especiales», «reforzar los dispositivos de protección», «incrementar las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas», «coordinar las medidas de ciber vigilancia» y evaluar periódicamente todas estas medidas.

Básicamente se trata de hacer aún más estricto el nivel de seguridad dentro del considerado como '4', que calibra que la capacidad o probabilidad de que tenga lugar un atentado terrorista dentro de las fronteras españolas es 'Muy alta' y hay que estar preparados en consecuencia.

Dentro del territorio nacional nunca se ha alcanzado el nivel de alerta 5, si bien el que actualmente rige lleva inamovible desde el 26 de junio de 2015 a raíz de los atentados que tuvieron lugar por aquel entonces en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista se centra en dotar de seguridad a los «Centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros activos, ya sean personas, bienes, servicios, tecnología de la información u otros intangibles, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante conforme a la valoración ponderada de los siguientes criterios: daños a la vida humana, vulneración de derechos fundamentales, afectación al normal funcionamiento de las instituciones o de los sectores estratégicos, afectación al orden púbico o la convivencia, daños medioambientales, impacto público, social o simbólico, pérdidas económicas o patrimoniales y pérdidas o sustracción de información en ámbitos de especial interés para la Seguridad Nacional».

Finalmente, también quedan bajo el amparo de estas medidas las «instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios».

El grado de alerta implicará, lógicamente, una mayor presencia de las acciones de protección y/o seguridad.