Moción de censura en Cartaya bajo la sombra de un presunto soborno

Las grabaciones que el regidor puso en manos de los tribunales, publicadas por ABC, acompañando una denuncia por supuesto delito continuado de cohecho contra Landero, en las que el socialista lanza propuestas de trabajo para Barroso y su mujer y llega a afirmar «ya tiene organizadas las compensaciones con otros» provocaron una parada en seco en las direcciones de los partidos firmantes en Andalucía . El gesto fue solo temporal.

Desde la ejecutiva del PSOE-A que dirige Susana Díaz se dio orden de abrir una investigación interna a Landero, que de forma sincronizada anunciaba que daba un paso al lado para no ser obstáculo en el cambio de gobierno, y se confirmaba el apoyo de la dirección regional a la moción.

La Dirección de Ciudadanos en Huelva guarda distancias y silencio con su representante en el municipio, Israel Medina , que suscribió la moción sin el visto bueno del partido en Madrid . Tras las elecciones de 2019, el concejal de la formación naranja llegó a un acuerdo de gobierno precisamente con el PP y con los Independientes, que rompió tras conocerse que el ex alcalde y concejal independiente, Juan Polo , estaba siendo investigado por un presunto delito de prevaricación por omisión.

Adelante-Izquierda Unida , que anunció un posible paso atrás cuando salieron a la luz las grabaciones de los supuestos intentos de soborno, no se pronuncia de forma expresa y se alinea con la postura de su concejal, respaldando así su participación en la moción.

El popular y alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, lamenta que desde el PSOE no censuren «las turbias maniobras y los presuntos delitos cometidos por miembros del PSOE de Cartaya que no deberían identificar a ningún representante público».

Según Barroso, el PSOE-A «está acostumbrado en las últimas décadas a hacer política de esta forma se piensa que todos los partidos nos movemos con las mismas prácticas de chanchullos, silencio y el insulto con las que los socialistas se han movido por Andalucía».

En esta denuncia, como sucedió en Aljaraque en 2016, aparece la figura del secretario general del PSOE en Huelva y presidente de la Diputación Provincial , Ignacio Caraballo , como garante de los acuerdos que se alcancen para propiciar un gobierno socialista.