La Junta mantiene en nómina a personal condenado por corrupción

Los agentes tenían el encargo expreso de Medio Ambiente de vigilar los límites y extensiones de las fincas de la comarca para constatar que se estaba respetando el contenido del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Sin embargo, toleraron ampliaciones de superficie cultivable, ocupaciones de monte público o construcciones sin licencia y otras prácticas ilegales , por lo que fueron enjuiciados y en abril de 2014 la Audiencia Provincial de Huelva los condenó por omisión del deber de denunciar delitos, quedando inhabilitados para empleo público . El procedimiento se alargó un año más, después de que los acusados recurrieran la decisión de la Audiencia onubense. En junio de 2015, el Tribunal Supremo desechaba sus argumentos y ratificaba sin modificación alguna la sentencia condenatoria.

Después de varios meses y algunas diligencias de requerimiento a la Delegación de Medio Ambiente en Huelva, la Fiscalía dio un ultimátum tras comprobar que el personal (funcionario y laboral) continuaba trabajando para la Administración autonómica. «Resulta inadmisible que a día de hoy los penados continúen en servicio activo y hayan cobrado del erario público» pese a tener condenas en firme y liquidadas (octubre de 2015), subrayaba la Fiscalía en un duro escrito -con fecha de 30 de marzo de 2016- al que ha tenido acceso ABC. Sugería la acusación pública incluso que si la intención de la Junta era que dos de los agentes alcanzaran la edad de la jubilación , como justamente ocurrió con los otros dos agentes condenados, cuando debían haber perdido la condición de funcionario o la posibilidad de ejercer funciones públicas desde la firmeza de la sentencia, y estuvieron trabajando hasta que les llegó la jubilación.

En el escrito, el fiscal interesaba a la sala que se abriera una investigación sobre la actuación de la delegada de Medio Ambiente en la provincia, Rocío Jiménez Garrochena , por posible delito de desobediencia grave al tribuna l, y que se requiriera con «la máxima urgencia» al delegado del Gobierno andaluz en Huelva el inmediato cumplimiento de las penas de inhabilitación para los cuatro agentes condenados, «con el apercibimiento expreso de que, en caso contrario, poder incurrir en delito de desobediencia grave al tribunal».

Según la Junta, los agentes fueron cesados justamente en la misma fecha en la que está datado el escrito de Fiscalía, 30 de marzo de 2016. Fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Huelva señalaron que la sentencia del Supremo avalando la condena no llegó a sus manos hasta cinco meses después de que el tribunal la dictara e hiciera pública (en noviembre de 2015), situación que afirman no es anómala ya que «los tribunales notifican las resoluciones a la central y, desde ese momento, hasta su recepción en el departamento del que depende, pasa un tiempo». En paralelo, añaden desde la Junta, tuvo que llevar a cabo algunas aclaraciones por cuestiones con carácter retroactivo que había que encajar hasta que se cesó a los agentes, admitiendo que sí se produjo una demora pero que achaca al procedimiento administrativo. «Qué interés va tener Medio Ambiente en no cesarlos cuando fue la Delegación la que denunció el caso», afirmaron las mismas fuentes.

Los cuatro agentes de Medio Ambiente, entre los que se encontraba el ex responsable de la Unidad, fueron detenidos por la Policía Nacional adscrita a la Junta en junio de 2008 y tenían montada una «red de corrupción» en su área de influencia que estuvo operativa entre 2006 y 2008.