Se trata de expedientes que se iniciaron en 2017 como consecuencia de la transformación de tierras de forestal a agrícola sin la autorización pertinente y por el uso de aguas subterráneas sin concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizado por algunos agricultores de la zona de la Corona Norte Forestal de Doñana, ha informado la Junta en un comunicado.
Los expedientes, han apuntado desde la Delegación, afectan a una mínima parte de las explotaciones agrícolas de la zona, incluyendo únicamente 285,85 hectáreas , pues la mayor parte, más de 9.000 hectáreas, tienen encaje legal en el documento aprobado por consenso para la ordenación de los regadíos, el uso racional del agua y el control de las extracciones del acuífero.
Solo así se garantiza la protección del espacio protegido y sus áreas de influencia.
Desde finales del pasado año, la Delegación Territorial de Medio Ambiente ha venido remitiendo distintas comunicaciones a los agricultores afectados por estos incumplimientos de la ley y manteniendo periódicas reuniones con ellos para que estuviesen informados en todo momento de cuál era la situación jurídica y administrativa que se derivaban de estos expedientes .
Tras estas comunicaciones, actualmente y conforme a los plazos establecidos en el proceso administrativo, el grupo de agricultores afectados está presentando distintas alegaciones a los expedientes sancionadores iniciados en cumplimiento de la ordenación vigente en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana y en la Ley Forestal de Andalucía.
Desde la Junta de Andalucía se ha realizado un estudio minucioso de la situación , siguiendo con los expedientes sancionadores en los casos que marca la ley y dando el correspondiente traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente.
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