El juez de Huelva sí ve delito y pérdida de fondos públicos en el fraude de los cursos de formación

El instructor de Huelva procesa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al ex delegado de Empleo de la Junta y director del SAE en Huelva, Eduardo Muñoz García , y a otros seis cargos del mismo departamento. En la lista figuran el Secretario General de Empleo, José Martínez Iglesias ; al Jefe del Servicio de Formación para el Empleo ( José Ángel Gil Flores ); el Jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua ( Manuel María Velázquez Cabrera ), además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona en cuyas manos recaía la justificación económica de las subvenciones.

En el auto, al que ha tenido acceso ABC, el instructor sitúa en el centro de la trama al Jefe de Servicios de Formación para el Empleo , que controlaba de principio a fin «todas las facetas y etapas en la concesión de las subvenciones, desde la elección de los beneficiarios, la homologación de las entidades, la concesión de las subvenciones, el seguimiento y control de los cursos, así como su posterior justificación y liquidación», según afirma ha quedado constatado a lo largo de la instrucción, por la que han desfilado un millar de testigos. Todas las voces han apuntado hacia Gil Flores .

«Todo el proceso de selección y baremación de entidades beneficiarias se ha realizado de manera arbitraria por parte del Jefe de Servicio, y bajo sus instrucciones, con la anuencia y colaboración del Director Provincial, se constituyó el órgano colegiado dedicado a la valoración , en la que sus miembros eran meros convidados de piedra». De hecho, destaca que entre octubre y noviembre de 2010, Gil se llegó a reunir todas las tardes con distintos colaboradores para seleccionar o elegir a los beneficiarios de las ayudas, fase en la que « el control era mínimo », sin que se llevaran a cabo comprobaciones de la documentación aportada.

La investigación ha evidenciado asimismo -afirma el instructor- las deficiencias en el seguimiento del curso, el cumplimiento de los requisitos y la finalidad de los mismos, trabajo para el que había un equipo de 8 ó 9 técnicos que, en fase de instrucción, pusieron de manifiesto que se vieron desbordados, mientras que el control de la justificación económica posterior de todos los cursos, se designó a una sola persona , que además carecía de conocimientos y de la titulación específica.

«Se demuestra el desinterés y la absoluta falta de control en el tema de la liquidación y justificación económica de los cursos, admitiendo como válida cualquier documentación presentada al respecto», punto en el que hace referencia a facturas desproporcionadas, a precios desorbitados, por conceptos que no tienen relación con el curso impartido, además de nóminas de tutores que no impartieron ninguna materia o se computaron dos veces, pagándose cantidades muy elevadas y sin homogeneidad entre los distintos monitores.

«Si ya el control inicial para la concesión de las subvenciones era escaso, alcanzaba su culmen en el tema de la justificación, demostrando de esta manera una despreocupación total y absoluta en cuanto a la liquidación del dinero para el fin al que se había concedido, dando la sensación -incide el juez- que una vez entregado el dinero público daba igual a qué se destinaba».

Con todas las diligencias practicadas se pone de manifiesto que Eduardo Muñoz «era conocedor de que el procedimiento de selección y baremación de entidades beneficiarias no se ha realizado acorde a la legalidad, y que conocía o podía conocer que se estaban asignando fondos públicos a entidades que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos; manteniendo una estructura desigual, principalmente en cuanto a la justificación de las subvenciones, que favorecía la absoluta falta de control del dinero entregado».

El juez echa por tierra el argumento de que al contar con el visto bueno del interventor todo era legal, ya que precisamente -destaca- «ha sido el Interventor Provincial el que analizando los expedientes , pudo detectar que se estaban produciendo irregularidades» y dio la voz de alarma.

El instructor da diez días a las partes para presentar escrito de acusación y solicitar apertura de juicio oral o el sobreseimiento. El auto es recurrible.