Implican a Caraballo, líder socialista de Huelva, en otro soborno para ganar una alcaldía

En común con Aljaraque, el escenario temporal y el contexto postelectoral que siguió a la distribución de fuerzas que las elecciones de 2015 dejaron en numerosos pueblos de la provincia, que llevó a otras tantas alianzas para cerrar los gobiernos municipales.

Cinco años después, se conoce a través de una denuncia judicial del alcalde de Cartaya, Manuel Barroso Valdés (PP), que en este pueblo se produjeron igualmente supuestas ofertas y propuestas de trabajo para el ahora regidor y su entorno dirigiadas a que el Partido Socialista quedara al frente del Ayuntamiento, y desplazar así a cualquier otra candidatura.

La denuncia del alcalde popular llega a los tribunales de forma paralela al anuncio de una moción de censura, cerrada por los grupos del PSOE, Adelante Cartaya y Ciudadanos, que está firmada por nueve concejales (mayoría absoluta), que se verá en Pleno en el plazo de dos semanas.

Barroso, objeto de supuestos ofrecimientos por el PSOE desde las municipales de 2015, ha llevado a los tribunales al secretario local del Partido Socialista en Cartaya y portavoz municipal de la formación, Alexis Landero, al que le atribuye un presunto delito de cohecho continuado. El expediente presentado, con grabaciones y reproducción de mensajería, se encuentra en vía de reparto para la asignación de juzgado, que decidirá (o no) sobre la apertura de diligencias.

En la denuncia, el regidor relata las propuestas que supuestamente le llegaron del responsable del PSOE de Cartaya en la referida cita electoral, enmarcadas en principio en conversaciones entre partidos para alcanzar un acuerdo de gobierno y que, según su relato, derivaron finalmente en ofertas y promesas de puestos de trabajo para Barroso y su familia.

Días antes de la formación del gobierno (junio 2015) hubo un primer encuentro en un resort de El Rompido en el que Landero, según recoge la denuncia, traslada a Barroso su intención de gobernar en minoría buscando la abstención del PP. «¿Cual es el precio de la abstención de su grupo?», le preguntó el portavoz socialista, que le interrogó sobre qué quería el PP para abstenerse en la investidura y, en concreto, preguntó «qué podía hacer por su familia, para beneficiarla económicamente».

Según Barroso, la amenaza de la moción de censura ha sido constante desde el primer mandato – y ahora se ha materializado- , llegando a decirle que « ya tiene organizadas las compensaciones con otros».

Entre los ofrecimientos, Landero le propuso colocar a su esposa (economista de formación ) como interventora en cualquiera de los pueblos que gobernase el PSOE, mientras que él le ofreció un abanico de opciones, en administraciones o entidades gobernadas por los socialistas en la provincia.

En un segundo encuentro, con el número 3 de la candidatura del PSOE en aquel momento, Antonio Escudero, que tuvo lugar en el Bar Cantamera, y al que posteriormente se uniría el portavoz municipal del grupo del PSOE, le propuso un puesto en la Mancomunidad Beturia, en la propia Diputación onubense, presidida por Carballo, que según le dijo «manda en el partido en Huelva y estaba al tanto de los ofrecimientos realizados por el denunciado». «No vas a quedar desamparado», le aseguró.

Minutos después de que se iniciara este encuentro, llegó Landero, que preguntó por dónde iba la conversación. «Ya le ha dicho (a Barroso) que no lo vamos a dejar con el culo al aire y que van a garantizarle el éxito de su proyecto», una iniciativa empresarial del actual alcalde para construir unas instalaciones de padel.

En ese momento de la conversación, Barroso preguntó cómo o quien garantizaba las propuestas que ambos estaban poniendo sobre la mesa, contestando Landero que «al día siguiente de la abstención del PP (en el Pleno), el propio Caraballo podría reunirse con él para firmar el contrato de trabajo donde eligiera, de entre las opciones propuestas». Ese mismo día, Barroso escribió un mensaje de Whatsapp a Escudero volviendo a pedirle que le dijera quién le garantiza a él que esas contrataciones se fueran a producir ya que le parecía «una ilegalidad tan grave que se veía en la obligación de descubrir quien manejaba la situación, con la intención de recabar pruebas por escrito», explica en su denuncia. Tuvo la misma respuesta ya que Escudero volvió a confirmarle por escrito que era Ignacio Caraballo quien «garantizaría el éxito de la operación».

En este contexto, el entonces concejal por el PP y alcalde en el siguiente mandato (tras los comicios de 2019), decidió no gobernar dada «la poca calidad democrática de los interlocutores socialistas» y optó entonces por reunirse con los Independientes por Cartaya (ICAR) y el Partido Andalucista (PA), cerrando un acuerdo de gobierno que se mantuvo.

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, reprochó ayer al PP que se dedique a « empantanar» la política por vincular la moción de censura en Cartaya con sobronos del PSOE. Aunquie se desvincula de cómo se urdió la misma respalda el acuerdo alcanzado entre tres fuerzas políticas para quitar al PP de la Alcaldía. «Los vecinos estaban casi esperándola», dijo ayer Caraballo en una comparecencia ante los medios en la que mostró su confianza en que saldrá adelante.

Mientras, el vicesecretario de administración local del PP-A, Bruno García, pidió explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, por el intento de soborno. «Llueve sobre embarrado», dijo el dirigente popular en declaraciones en el Parlamento , recordando que «no se trata de algo anecdótico», recordando el precedente de Alajaraque.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Juan Carlos Duarte, dijo que en Cartaya se sigue « el mismo modus operandi» que aplicaron los socialistas en Bollullos y Aljaraque. «El PSOE e Ignacio Caraballo no pueden decir que se trate de un caso aislado. Duarte agregó que Cartaya no merece estar «bajo sospecha de los presuntos trapicheos del PSOE”, siendo el municipio “el único gran perjudicado» , ya que esta moción de censura «nada tiene que ver con el bienestar de los vecinos sino con los intereses partidistas del PSOE».