Huelva «extrema la vigilancia» en explotaciones agrícolas para evitar abusos a las temporeras

A instancia de la Fiscalía de Huelva y en el marco del Protocolo de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Human o, fuerzas policiales, operadores jurídicos (jueces y fiscales), sindicatos, ONGs que trabajan en el campo de la migración y ayuntamientos han celebrado una « cumbr e», con las temporeras como centro de la mesa de trabajo al considerar que representa «un colectivo con condiciones de especial vulnerabilidad que merece la máxima atención por parte de las instituciones».

«Esta temporada arranca desde la mala experiencia que la provincia tuvo el año pasado». El fiscal delegado de Extranjería en Huelva, Miguel Ángel Arias , ha confirmado que se va a «extremar la vigilancia» en las explotaciones, y que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo han diseñado planes que contemplan un refuerzo de las intervenciones, con más medios y más visitas a las fincas.

«En Fiscalía no actuamos en materia de prevención, intervenimos en vía penal cuando hay denuncias», ha matizado Arias para destacar la importancia de que, de producirse un hipotético caso, se interponga la correspondiente denuncia como paso previo a una actuación judicial.

El fiscal de Extranjería ha aclarado que en materia de trata de personas en Huelva, más del 90% de las denuncias de trabajadoras del campo no están vinculadas a este tipo delictivo ya que las temporeras llegan por contratos y a través de organismos oficiales.

De los casos que arrastran de temporadas anteriores, en los partidos judiciales de Moguer y la Palma del Condado hay seis procedimientos vivos por abusos sexuales a temporeras, causas que afectan a unas 12 víctimas y por las que están investigados alrededor de 15 individuos.

Es la zona más oriental de la provincia donde se concentran las denuncias, mientras que en los municipios agrícolas de la Costa occidental no hay de momento constancia de casos.

Las denuncias que han tenido recorrido en vía judicial han sido presentadas por asociaciones o colectivos de fuera de la provincia. Según el fiscal, las organizaciones que han participado en esta reunión de trabajo y trabajan sobre el terreno en la provincia, no han detectado ningún caso .

Arias ha señalado que, ciertos casos, desde la Fiscalía se tienen que afrontar « problemas de interlocución » con las víctimas ya que, si no están personadas y la denuncia llega vía colectivo o asociación, «su participación es espontánea y si no quieren, no llegan a comparecer».