La Fiscalía da marcha atrás en la causa por delito urbanístico contra el alcalde de La Redondela

Días después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ayamonte dictara (el pasado noviembre) auto de transformación en procedimiento abreviado , poniendo así fin a la instrucción y abriendo fase intermedia en la que deben pronunciarse las partes, el Ministerio Fiscal dio un giro en su posición.

En el auto de archivo, al que ha tenido acceso este diario, la instructora se refiere a este cambio. «El Ministerio Fiscal- señala- inicialmente denunciante de los hechos, se adhirió sin embargo al recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesta por la representación de los investigados , interesando el archivo de las actuaciones».

En su argumentario, la instructora subraya que el auto recurrido «contiene exactamente los requisitos» que exigen tanto la LECRIM como la Sala Segunda del TS relativos a la expresión «de un juicio de inculpación formal como exteriorización de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal , la participación de los sujetos y los hechos que se le imputan».

Sin embargo, «a pesar de la totalidad de las abundantes actuaciones judiciales llevadas a cabo como consecuencia de la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal, y derivado de las más básicas exigencias del principio acusatorio, dado que tanto la defensa de los investigados como el propio Ministerio Público interesan el archivo de las actuaciones, no resulta materialmente factible continuar con las mismas, dado que no subsiste parte alguna que sostenga la acusación ».

Continuar con la tramitación de la causa supondría, añade la juez, «actuar en contra del principio de economía procesal , cargando al Juzgado (ya de por sí sobrecargado ) de una serie de trámites adicionales que desembocarían en el mismo resultado, dado que, en su caso, en la siguiente fase procesal, que es donde el Ministerio Fiscal debe manifestar conforme a las previsiones de la Ley si formula acusación, ninguna de las partes sostendría la acusación».

Los hecho se remontan a hace más de seis años. Tras una convocatoria de ayudas, la Junta concedió a La Redondela una subvención por importe de 400.000 euros para construir una escuela infantil. Y, según consta en la denuncia, la ELA recibió un primer pago de 300.000 euros en octubre de 2012 aunque las obras del colegio no comenzaron hasta tres años después. En consecuencia, ante la falta de justificación parcial de este montante, la Consejería de Educación no transfirió los 100.000¤ restantes de la subvención, La Redondela debeIÓ proceder al reintegro de la referida subvención.