El «expediente X» de la finca cedida por la Junta a UGT

El complejo, inaugurado en 1998, con la asistencia del entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y del secretario general de UGT-A, Juan Mendoza, se llevó a cabo tras una inversión de más de 900.000 euros que salieron de los Fondos Feder y del patrimonio de la Administración andaluza, propietaria de los terrenos, y tras la firma de un convenio con UGT, en calidad de promotor y gestor.

Junto a un viejo poblado minero en ruinas, que añade al espacio un plus de interés, se construyó un grupo de cabañ as al borde del embalse de El Riscoso.

«No se tiene constancia de que UGT-A haya cumplido con las obligaciones derivadas del mismo (del convenio): puesta en marcha de las instalaciones y generación de empleo, además de mantener en perfecto estado la finca». A la vuelta de casi dos décadas, la Cámara de Cuentas de Andalucía constata el abandono del complejo en un informe de fiscalización de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas que se acaba de publicar.

Existen dos convenios entre la Junta y la organización sindical. El original se remonta a 1991, por el que la Consejería de Obras Pública cede la finca a UGT-A durante medio siglo.

El segundo data de 2009, entre la desaparecida Egmasa y el mismo sindicato, estableciéndose las condiciones para la puesta en valor de los recursos naturales de la finca.

El acuerdo dejaba así en manos de UGT la puesta en marcha del complejo, el mantenimiento y generar al mismo tiempo puestos de trabajo. Sin embargo, las cabañas siguen cerradas desde que se construyeron y deterioradas por el abandono, la falta de mantenimiento y la proximidad del agua.

La Cámara de Cuentas saca también los colores a la Junta. De un lado, subraya que la Agencia Amaya (que sustituyó a Egmasa) no ha facilitado las actas de seguimiento del convenio y, de otro, que las condiciones selladas por escrito no se han satisfecho, incluida la relativa a las consecuencias de un incumplimiento por parte de UGT.

A pesar del abandono y de la ausencia de actividad, La Torerera está en el olvido aunque el acuerdo establecía que en el caso de que el sindicato no destinara la finca a fines sociales o culturales «se considerará resuelta la cesión y revertirá a la comunidad autónoma, incorporándose con todas sus pertenencias y accesiones, teniendo ésta derecho a percibir el valor de los detrimentos o deterioros de las instalaciones previo tasación pericial».

En distintas ocasiones a lo largo de estos años, el Ayuntamiento ha intentado rescatar el complejo. El alcalde de Calañas, Mario Peña, ha lamentado la situación en la que se encuentra un espacio de alto valor para el municipio, que debería haberse desarrollado hace años, tiempo en el que se han producido cambios en la normativa que impiden su explotación.

Peña subrayó que el complejo ha sufrido un importante deterioro al no haber estado sujeto a mantenimiento, tal y como se acordó, mientras los habitantes de la zona han sufrido las consecuencias al no haber repercutido en empleo ni actividad. «Podría ser punta de lanza del turismo rural y cayó en el cajón del olvido», criticó para anunciar que hará gestiones ante la Junta y elevará el asunto al Parlamento para conocer las razones por las que no se ha revertido a la Administración autonómica, en cumplimiento del convenio.

Este diario ha contactado sin éxito con el sindicato UGT tanto en Huelva como en Sevilla.