El exalcalde del PP de Aljaraque entona el «mea culpa» por defraudar a Hacienda mientras estaba en el cargo

Orta vuelve a sentarse en el banquillo en la Audiencia Provincial de Huelva por supuesta falsedad y fraude a Hacienda, junto al que fuera su mano derecha en el Consistorio, el concejal de Urbanismo, Casto Pino, por el llamado «Caso Aljaraque», después de que el Tribunal Supremo (TS) ordenara la repetición del juicio que se celebró en 2015 -con magistrados diferentes-, en el que el ex regidor quedó absuelto y al ex responsable de Urbanismo se le condenara una pena de un año y medio de cárcel (la acusaciones solicitaban ocho años y medio de condena de condena).

El ex regidor popular ha entonado el «mea culpa» en su declaración ante la sala, con los mismos argumentos que ya dio en el anterior juicio. « No tenía que haberlo hecho así », ha afirmado en respuesta a las preguntas de su abogado, en una declaración en la que no ha querido contestar al fiscal y ha estado plagada de olvidos respecto a sus ingresos, a los movimientos de sus cuentas bancarias y a sus pagos. «Soy normalmente despistado, no es que no quiera contestar...» ha indicado al representante de la Abogacía del Estado en un bloque de cuestiones sobre los incrementos no justificados –que Hacienda detectó en su patrimonio.

Orta ha sugerido que la investigación judicial que se inició en 2007 y que llevó a su detención ese mismo años., dio al traste con la inspección que estaba llevando a cabo Hacienda, que qeudó paralizada. «No he podido seguir discutiendo los asuntos patrimoniales (con Hacienda)», ha manifestado tras señalar que el fisco ya tenía una conclusión de la inspección – que no se llegó a terminar- y que él había aceptado en aquel momento.

Orta ha indicado que en paralelo a la actividad de Taller de Finanzas, la firma de asesoramiento de empresas hacía trabajos para clientes que no facturaban –generando dinero en negro- y ha afirmado, a preguntas de la acusación, que no dispone de ninguna prueba de haber prestado tales servicios. Hacienda estimó en 1,8 millones elpresunto fraude del  ex alcalde y sus socios.

Por su parte, Casto Pino se ha acogido a su derecho a no declarar. «Lo que tenga que decir, lo diré al final del juicio».

Orta se enfrenta a una petición de pena dos años de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, a los que añaden otros 3 años y 6 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, con una multa de 300.000 euros, según las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En el caso del ex edil de Urbanismo, la petición de pena alcanza los ocho años y medio, al sumar la acusación de cohecho, relacionado directamente con su gestión pública y por el que le reclama tres años de prisión y su inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro años. Por un supuesto delito de blanqueo de capitales, se enfrenta además a año y medio de cárcel y multa de 600.000 euros y a dos delitos delito contra la Hacienda Pública, por los que se le piden cuatro años de cárcel, multas de 500.000 euros y 300.000 euros.