Desde suelas de zapatos al cuerpo, así se esconden los teléfonos móviles para colarlos en la cárcel de Huelva

Los teléfonos, utilizados para continuar con la actividad delictiva y sortear el control de las comunicaciones, son demandados por internos que tienen restringidas las comunicaciones, como es el caso los condenados por violencia de género , por delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y aquellas relacionadas con el narcotráfico .

Los trabajadores penitenciarios dedican «grandes esfuerzos» para decomisar los dispositivos, ha destacado el sindicato Acaip-UGT , ya que además de estar prohibidos pueden generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos.

Dado su reducido tamaño, los móviles «se camuflan con facilidad» y pueden escapar así a los detectores de metales al ser sus componentes de otros materiales, por lo que se encuentran en las formas y lugares más insospechados como suelas de zapatos, botes de refresco , productos higiénicos o incluso en el interior del cuerpo.

Para su localización, se lleva a cabo «un trabajo exhaustivo» en los módulos, por lo que se requiere de personal necesario y de una formación especializad a. «Son precisos los medios materiales y humanos suficientes para evitar su entrada y para poder realizar el control en el interior», ha subrayado la organización sindical.

Además, ha añadido, considera necesario «el correcto funcionamiento» de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías.

Acaip-UGT ha insistido en demandar una relación de puestos de trabajo acorde o igual a centros penitenciarios similares al de Huelva y ha estimado que hay un déficit en torno a 40 trabadores en el penal onubense, mientras la Secretaría

General de Instituciones Penitenciarias «asigna un más que insuficiente contingente de ocho funcionarios para hacer sus prácticas en los centros onubenses que no palian las deficiencias de personal».

Por otro lado, ha agregado, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones, por lo que ha reclamado que reinicie la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria «para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución».