Bernardo Montoya apunta a su ex novia como autora del crimen de Laura Luelmo en Huelva en un juicio silenciado

Este dato es el único que ha trascendido del desarrollo de la vista abierta hoy en la Audiencia Provincial de Huelva contra Montoya y lo ha hecho por boca del abogado de la defensa, Miguel Rivera , que ha apoyado la propuesta de la acusación particular de que se celebre a puerta cerrada, decisión respaldada por el jurado popular y validada por el magistrado que preside el tribunal, Florentino G. Ruiz Yamuza .

Al prohibirse de forma expresa que las sesiones sean abiertas, con el respaldo también de la Fiscalía de Huelva y de la Junta de Andalucía (que ejerce la acusación popular), no se va a conocer el desarrollo de la vista, ni el contenido de las declaraciones de testigos y perito s que presten declaración en sala a lo largo de esta semana, más de un centenar de manifestaciones.

Ane el « apagón informativo » en el juicio por el asesinato de Laura Luelmo, la Asociación de la Prensa de Huelva , con el respaldo de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), ha calificado la decisión del magistrado de realizar el juicio a puerta cerrada y sin la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística del juicio, « un grave err or que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental».

El hecho de que un juicio de enorme interés social y por el que se solicita una pena de prisión permanente revisable «se haga a oscuras » en una decisión tomada la propia mañana de juicio «es una grave afrenta » a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística por lo que «se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información en un caso que escandalizó a toda la sociedad española» y en el que están en juego «numerosas implicaciones jurídicas y emocionales que debieran ser públicas para un futuro debate social».

Desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran «especialmente grave» esta decisión teniendo en cuenta que se trata de un juicio con jurado popular, por lo que han sido personas legas en derecho las que participado de la toma de decisión.

La APH defiende que el principio de publicidad de los juicios penales debe prevalecer salvo contadas excepciones y que así lo recoge la propia Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales . En un caso en el que además ni concurre la presencia de menores ni se atisban problemas de orden público que pudieran motivar la decisión.

La Asociación de la Prensa estará vigilante a las motivaciones que el juez debe exponer en un auto específico para hacer una excepción de la norma.

Asimismo, consultará con los servicios jurídicos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) las posibilidades de recurso y/o protesta que la legislación permita en este caso en el que los profesionales de la información sienten vulnerados sus derechos y que están plenamente capacitados para salvaguardar el honor de la víctima y sus familiares de acuerdo a los principios del código deontológico de la profesión periodística.

«En ningún caso vamos a admitir que en nuestra democracia se considere a los medios de comunicación como un impedimento para el desarrollo de un proceso judicial. No es admisible el apagón informativo si no existen argumentos procesales que justifiquen que un juicio se celebre a puerta cerrada, cosa que entendemos no ha sucedido en el juicio a Bernardo Montoya». Así se ha expresado también el Colegio Profesional de Periodistas de Andalu cía, en su demarcación de Huelva , tras lamentar que no se tenga en cuenta «principios tan básicos como la libertad de información y la publicidad de los procesos judiciales , que forman parte elemental de una democracia, como marca nuestra Constitución».

La decisión de realizar la vista a puerta cerrada, «debe estar perfectamente fundamentada procesalmente y que, como es obvio, en el caso de los miembros del jurado popular en Huelva carece de todo peso argumental al no tener la formación idónea para ello».

«La información judicial es una tarea pública del periodismo ya que el papel de los medios de comunicación asegura que los procesos se celebren con las garantías constitucionales necesarias», ha afirmado el Colegio para añadir que la decisión «supone un peligroso precedente que merma la colaboración necesaria entre la administración de justicia y el trabajo informativo que garantiza la transparencia judicial, máxime en fase oral».

El CPPA entiende que la autorregulación y el código deontológico de los periodistas son «el único camino» para informar con libertad y calidad sobre este tipo de procesos, ya que los profesionales conocen las fronteras que hay en el ejercicio de la libertad de prensa, caso de la presunción de inocencia, violación de derechos a la intimidad o al honor.

Por ellom ha solicitado que el TSJA valore la idoneidad de esta decisión en el juicio del caso de Laura Luelmo, para que no se atente contra la libertad de información (artículo 20 de la Constitución) y se acepte, por parte de la administración de justicia, el desarrollo normal de nuestra función.