El cura de Valverde expulsado del país admitió haber abusado de la nieta de su pareja

La sentencia, facilitada por el TSJA, fue dictada por la Sección Tercera el 10 de mayo de 2023 y en ella se recoge que entre los meses de abril y agosto de 2020, Quisito Desiderio Ndivo acudía al domicilio de su entonces pareja sentimental, en la ciudad de Huelva. Allí la mujer vivía con su nieta de nueve años. En el capítulo de hechos probados, la resolución judicial detalla que el sacerdote aprovechaba la relación que mantenía con la abuela para acceder a la vivienda; y «sin que constara el uso de violencia o intimidación», lograba que la menor se tumbara en la cama, se quitara la ropa y él le hacía tocamientos con la lengua. Para evitar ser descubierto, el condenado le decía a la niña que no dijera nada a su abuela.

Este relato de hechos probados fue admitido por el propio sacerdote. Una confesión que provocó que el Ministerio Fiscal rebajara sus pretensiones iniciales y reformulara su escrito de acusación. Así, pidió una pena de dos años de cárcel por un delito de abusos sexuales perpetrado contra una menor de 16 años; así como la prohibición a acercarse o comunicarse con la menor durante la condena y posteriormente, durante cinco años más como medida de seguridad.

En las fechas en las que ocurrieron los abusos sexuales, el condenado ya era sacerdote y oficiaba en Lepe. Su último destino antes de ser expulsado el pasado mes de enero fue Valverde del Camino donde fue destinado como vicario parroquial en 2021. En 2014 había sido ordenado tras haberse formado en el seminario de Huelva. Es originario de Guinea Ecuatorial, donde nació hace 49 años y a donde ha sido devuelto.

Según el comunicado emitido por la Diócesis hace unos días, la Iglesia tuvo conocimiento de su situación procesal tras producirse la expulsión el pasado 30 de enero. Sin embargo, la sentencia fue dictada en 2023 y no fue óbice para que siguiera ejerciendo en Valverde del Camino más de año y medio.

La Audiencia Provincial acordó suspender la ejecución de la pena; es decir, que no ingresara en prisión por ser una condena no superior a los dos años. También se desestimó que se procediera a expulsar del país como medida de sustitución de la condena. La sentencia recoge que el sacerdote pidió quedarse en España y la Fiscalía apoyó no proceder a expulsarlo. La suspensión de la ejecución de la pena se acuerda a cambio de que el condenado no vuelva a delinquir durante el tiempo que dura la pena ni que quebrante las medidas acordadas en la sentencia.

Sin embargo, el 30 de enero se acababa expulsando del país al condenado. Según detallan fuentes judiciales, una de las opciones posiblse es que incumpliera la sentencia y se revocara la suspensión de la pena.

Por su parte, el Obispado de Huelva ha abierto un expediente canónico sancionador al condenado, recogiendo los datos probados en la sentencia, y lo ha remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, «organismo competente en la Iglesia para este tipo de delitos», señalaba el comunicado.