En chozas de plástico y entre basuras: las condiciones de vida de los inmigrantes de las fincas de Huelva

El Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (Greta) así lo confirma en su último informe publicado desde Estrasburgo ayer. Afea al Gobierno de España la situación de estos inmigrantes, así como «su inacción y falta de voluntad política» para activar más inspecciones de trabajo en la provincia. De hecho, destaca que la delegación que se desplazó a Huelva fue «testigo de las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas indocumentados, que viven en chozas de plástico sin agua potable y sin electricidad». En su informe, señala además que no se les paga ni el salario mínimo interprofesional y que incluso a veces, no se les paga «nada en absoluto», alertan.

Cáritas Diocesana de Huelva conoce a la perfección la situación de estos asentamientos. Esta organización trabaja in situ en estos lugares para mejorar las lamentables condiciones de vida de estas personas y nos permite acercarnos a esta realidad invisible para la mayoría de los ciudadanos.

Juan Manuel Breva es el responsable del área de Exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva. Según ha explicado a ABC, aunque el grueso de la campaña de recolección de la fresa y los frutos rojos de Huelva acaba de finalizar y muchos de estos inmigrantes se han marchado, esta organización cifra en entre 1.600 y 1.700 las personas que han estado desde final del año pasado y hasta hace unas semanas en los alrededor entre 25 y 27 asentamientos en la provincia que ha visitado, fundamentalmente situados en las afueras de los municipios agrícolas con cultivos extensivos, como son Lucena, Moguer, Palos de la Frontera y Lepe.

En estos poblados, por llamarlos de alguna manera, en los que estos inmigrantes se asientan, no existen las mínimas condiciones de habitabilidad: carecen de suministro eléctrico, agua y red de saneamiento, y malviven en chabolas y entre basuras. Los incendios son frecuentes. El último tuvo lugar la semana pasada.

«Son lugares realmente complicados en los que vivir porque no hay ningún tipo de acceso a derechos básicos como pueden ser la luz o el agua. Tampoco existe red de saneamiento. Se trata, en definitiva de lugares con unas condiciones lamentables en los que estas personas viven en unas situaciones de exclusión muy duras», explica.

Aunque la mayoría de quienes malviven en estos enclaves son hombres, principalmente del norte de África y subsaharianos, y de entre 35 y 45 años, también hay jóvenes. Además, Cáritas ha detectado este año un aumento de mujeres respecto a los anteriores.

La casuística es muy variada aunque esta organización sí reconoce que en torno al 60% de los inmigrantes a los que ha atendido en estos asentamientos este año carecían de permiso de trabajo y residencia al no tener documentación. «Los asentamientos han dejado de ser lugares con un único perfil de personas. Hay quienes tienen permiso de trabajo y residencia y quienes no. Este año ha habido además muchos con permiso de asilo, sobre todo por conflictos bélicos en sus países de origen; y hay una parte importante de quienes no tienen documentación porque no cumplen con los requisitos que marca la Ley de Extranjería», añade Juan Manuel Breva.

Es la necesidad lo que les lleva a vivir en estas condiciones tercermundistas en lo que se supone es el primer mundo. «Lo que hay detrás es la necesidad o la voluntad de trabajar en una campaña agrícola», añade Juan Manuel Breva, que reconoce además que lo habitual es que lleguen a Huelva tras trabajar en la recolección de aceituna en Jaén. «Huelva es además puente para la campaña de Albacete, a donde muchos se trasladan a la recolección del ajo y la cebolla, así como a la de la fruta en Lérida», abunda.

Eso sí, desde Cáritas se reconoce que desde hace unos años, el cultivo de la fresa en Huelva ha dejado de ser estacional «y hay campañas que duran prácticamente todo el año, por lo que muchas de estas personas se quedan en la provincia en estos asentamientos en lugar de rotar por la campaña agrícola del país. Nos preocupa por tanto que se ha pasado de un problema estacional a hablar de personas que viven en estos asentamientos durante todo el año y durante muchos años, por lo que eso les va creando unas huellas de exclusión social muy complicadas de abordar».

El responsable de Exclusión de Cáritas aclara que la mayoría de las empresas no tira de estos trabajadores. «Yo no hablaría de una generalidad porque estas empresas conocen a las sanciones a las que se enfrentan si contratan a quienes están en situación irregular. No sabemos cómo lo hacen pero sí que muchos de los que residen en estos asentamientos nos manifiestan que han trabajado en la campaña, no de manera constante, eso sí, y hay otros que se buscan otras alternativas de supervivencia».

Y es que si para cualquier residente en España el mercado de la vivienda es cada vez más inaccesible, para estos inmigrantes resulta inalcanzable. «Hablamos de personas que no tienen contrato o nómina fijos y no pueden acceder a una vivienda», destaca.

No hay conflictividad social ya que, por lo general, estos asentamientos están bastante alejados de los núcleos urbanos «y son realidades invisibles para la mayoría de la población».

Cáritas y muchas organizaciones sociales de Huelva llevan años denunciando esta situación. «Parece que, fruto de estas denuncias continuas, se ha empezado a movilizar la sensibilidad por parte de las Administraciones y se ha puesto algo de dinero sobre la mesa para intentar combatir este problema, aunque se trata de una realidad compleja porque tiene muchas aristas y porque exige de un trabajo coordinado por parte de todos los agentes implicados en esta dura realidad. Sería fundamental al menos para empezar a realizar un diagnóstico en condiciones para abordar esta situación».

Además, esta organización lleva algunos años trabajando para buscar soluciones habitacionales para estos inmigrantes «y que puedan trabajar y tener un alojamiento. La vida en un asentamiento es una vida horrible y desde Cáritas abogamos por la desaparición de estos núcleos porque sólo llevan a quienes viven en ellos a cronificar su situación de exclusión social y a una vida muy miserable».

Desde la Subdelegación del Gobierno central en Huelva, se ha asegurado a ABC que se están tomando medidas «desde hace tiempo» con recursos habitacionales para estas personas. Así, y dentro de la Agenda 2030, el Ministerio de Derechos Sociales, concedió hace unos meses a los ayuntamientos onubenses de Lepe y Moguer una subvención de 2,6 millones de euros para buscar «recursos habitacionales dignos» para estas personas.

Desde el Ejecutivo también se explicó que se han promocionado soluciones transitorias como albergues o módulos que han mejorado la situación de casi 300 ocupantes de estos asentamientos «aunque sea de manera transitoria». El objetivo, según se abundó, es consolidar un modelo de integración «y es algo en lo que lleva tiempo trabajando desde el Ministerio de Derechos Sociales».