El PSOE libra del banquillo a 13 de sus exediles por un «pelotazo urbanístico»

Por este delito también estaban acusados los cinco vendedores de las instalaciones deportivas que se habrían lucrado con esta operación, entre los que sobresale otro histórico exdirigente del PSOE, Juan Antonio Castellano , el primer alcalde democrático de la localidad desde 1979 a 1987. Todos ellos se han librado de sentarse en el banquillo gracias al golpe de mano que el regreso de su partido a la Alcaldía ha dado al caso.

En un gesto insólito por el daño infligido al Consistorio, el nuevo gobierno que preside la alcaldesa socialista, Rocío Espinosa , ha desistido de presentar acusación, como le solicitaba el juez, Santiago Muñoz , para llevarlos a juicio. Las diligencias se iniciaron gracias a una denuncia del Ayuntamiento en el anterior mandato, bajo el dominio del PP, que incluso tenía redactado el escrito de acusación con vistas a recuperar el dinero menoscabado a las arcas de resultas de un supuesto trato de favor a empresarios cercanos al gobierno de Bella. Pero llegó el PSOE y mandó parar, a pesar de que el propio magistrado advirtió en uno de sus autos del perjuicio económico causado al erario público.

Cuando el juez Santiago Muñoz se puso en contacto con el Consistorio para que formulara su acusación, la nueva Corporación constituida tras las elecciones del 24 de mayo pasado desistió de hacerlo, en contra del criterio del anterior gobierno de José Antonio Domínguez. En su lugar, se adhirió al escrito de la Fiscalía de Huelva, que había pedido el sobreseimiento de la causa, finalmente archivada. Su acusación era un paso ineludible para abrir un juicio oral porque el juez no puede seguir con el procedimiento sin este obligado trámite.

En mayo de 2009, el Ayuntamiento adquirió mediante un procedimiento negociado el cien por cien de las acciones de la sociedad mercantil Exclusivas Doñana S.L, propietaria del campo de golf y la casa club de Matalascañas. Después de encargar varios informes contradictorios, éstas se tasaron en 6,86 millones de euros, muy por encima de su valor real, según advirtió el instructor del caso. A cambio de la gestora del campo de golf, cuyas cuentas arrojaban ya unas pérdidas de 354.649 euros, el Ayuntamiento almonteño le cedió mediante una permuta catorce parcelas de suelo urbano en Santa Olalla Sur, en una zona cotizada de la Aldea de El Rocío donde luego edificaron chalés. Las parcelas fueron valoradas por un técnico municipal en 4 millones. La diferencia hasta completar los 6,86 millones se abonó en metálico a los accionistas de la empresa.

Según informaron a ABC fuentes judiciales, desde la nueva Corporación se dieron instrucciones al procurador para que no entregara el pasado 22 de junio el escrito de acusación elaborado por los letrados contratados por el Ayuntamiento en el anterior mandato. En el citado escrito, la abogada Gema Domínguez pidió imponer una pena de ocho años de inhabilitación para cargo público a los exconcejales por el delito de prevaricación y de un año y seis meses de cárcel por fraude en la contratación; la misma pena de prisión que solicitaba para los empresarios beneficiados. En concepto de responsabilidad civil , reclamaba 1,87 millones a los exediles «por el perjuicio patrimonial causado» a las arcas públicas. A los empresarios les reclamaba otros 1,94 millones.

La operación se inició con la firma de un protocolo entre el exalcalde, Francisco Bella , y la empresa el 14 de noviembre de 2008. El acuerdo fue aprobado inicialmente por el Pleno en diciembre de 2008 con los votos de los ediles socialistas, que tenían mayoría absoluta, sin que mediara expediente de contratación ni plan de viabilidad alguno. El juez destacó «la ausencia total de los requisitos y del procedimiento legalmente establecido». Las escrituras se rubrican el 8 de mayo de 2009.

Entre los socios de Exclusivas Doñana S.L . que recibieron pagos en especie y en metálico, figuran Francisco Pascua Hierro, administrador de Pahirfa; Gregorio Jesús León Romero, propietario de Denoel Inmobiliaria; José Luis Villalobos Perpiñá, de Resting Doñana Tour y de Hotel Flamero, así como el histórico exregidor socialista Juan Antonio Castellano, quien, junto con su mujer, Francisca Cepeda Cáceres, contaba con participaciones sociales en Exclusivas Doñana S.L. a través de Inmobiliaria Lince de Doñana.

En paralelo con la investigación penal, el anterior gobierno del PP inició la revisión de oficio del acuerdo. El Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó en 2014 que éste era nulo porque «sólo hubiera sido posible utilizar el procedimiento negociado si la permuta se hubiera realizado con otros bienes inmuebles». Argumentó que si lo que pretendía era fomentar el turismo deportivo, tendría que haberse adquirido el campo de golf y la casa club , pero «no las participaciones sociales de una empresa, lo que hace dudar de la necesidad de haber realizado la permuta con el objeto que se formalizó».