El hostelero que destapó el fraude de los ERE y lo perdió todo

La cita fue el 26 de enero de 2009. Daniel Ponce, que era subdirector general de la empresa pública controlada por el Ayuntamiento de Sevilla, deja claro a los empresarios desde el principio que aquí no cabe negociación: «La Junta [de Andalucía] tiene una cosa muy simple: yo colaboro con quien colabora. Siempre hay que destinar una parte como una especie de impuesto». O pasaban por caja o podían irse olvidando de la ayuda y de la escuela. El cuarto comensal era el exdirectivo de Mercasevilla Fernando Mellet. Con la prueba que necesitaban quemándoles las manos, siguiendo el consejo del coordinador de Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Gallo, al que conocía de ir a ver los partidos del Betis, deciden entregarle las cintas para que éste, a su vez, las deposite en la Fiscalía.

Pero los meses pasan y no hay noticias de las pesquisas. Entonces, ABC publica en exclusiva el contenido de la conversación. Y todo salta por los aires. Los acontecimientos políticos se precipitan. El Domingo de Ramos de 2009, Manuel Chaves anuncia, de la noche a la mañana, su marcha a Madrid tras aceptar una oferta de José Luis Rodríguez Zapatero para formar parte de su gobierno. Lo sucede José Antonio Griñán en la Presidencia autonómica.

Muy a su pesar, Pedro Sánchez Cuerda y su socio se convierten en protagonistas de la crónica de tribunales. Sus grabaciones constituían el primer cabo de la enrevesada madeja de los ERE. El último episodio de este caso lo acaba de escribir el Tribunal Constitucional (TC) con el borrado de delitos de prevaricación y malversación por los que fueron inhabilitados o castigados con la cárcel 15 miembros de la antigua cúpula del Gobierno socialista en Andalucía, Chaves y Griñán, entre ellos.

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Los empresarios de La Raza no se avinieron a aquel trato económico que les ofrecían los directivos de la lonja a cambio de favores. Rechazaron entregarles el dinero metido en un maletín que debían dejar olvidado en un despacho, como les habían propuesto sus interlocutores. «No me fie de ellos porque sabía que me estaban estafando», declaró Sánchez Cuerda durante el juicio por el intento de soborno celebrado en la Audiencia de Sevilla el 8 de octubre de 2012.

Salirse del guion puede costar caro. Sánchez Cuerda tuvo que renunciar, diez años después, al negocio que abrió su abuelo en el año 1954, ubicado en el antiguo pabellón de Información de la Exposición Iberoamericana de 1929, que era de propiedad municipal.

En el año 2022, el Ayuntamiento de Sevilla, siendo alcalde Juan Espadas, actual secretario general del PSOE en Andalucía, retira la explotación de su restaurante al empresario que denunció las mordidas en Mercasevilla que dieron origen al caso ERE. El proceso de extinción de la licencia venía obligado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, en vigor desde 2013, que eliminaba los contratos de renta antigua como el de La Raza y otros cuatro establecimientos más. Teniendo en cuenta la singularidad del restaurante ubicado en el Parque de María Luisa, el gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP), que inició la regularización en el año 2015, proyectó sacar la gestión a concurso dando prioridad a la antigüedad. Ello permitiría a Sánchez Cuerda mantener el restaurante que abrió su abuelo en el año 1954 y donde comenzó fregando platos.

Pero el gobierno de Espadas tenía otros planes. Amparándose en los informes de los funcionarios, uno de ellos firmado por un letrado que había realizado trabajos externos para el Ayuntamiento sevillano de Camas cuando el alcalde era Antonio Rivas -procesado en los ERE-, optó por premiar la oferta económica más alta en el concurso, lo que impidió que La Raza se hiciera con el contrato. Éste recayó en un competidor, el grupo Abades, que había sido rescatado en enero de 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez con una ayuda de 29,3 millones de euros.

Aquella conversación grabada fue premonitoria. En ella ya se ponía de manifiesto el turbio manejo de las subvenciones autonómicas para pagar cursos de formación o prejubilaciones. La clave la da Fernando Mellet durante la comida con los hosteleros: «Evidentemente que yo creo que cualquier consejo... eso sí es legal. Eso lo he planteado yo con el tema del ERE, y esto sí es legal. O sea, yo cuando a mí me consiguen una subvención del tipo ERE, que es la misma que va a explicar Daniel [en referencia a Ponce], yo, por razones obvias, al conseguidor tengo que pagarle una comisión [...] Yo pago una comisión por haber conseguido un ERE. Haber conseguido un ERE no es solamente una gestión mía».

Tirando de ese hilo procesal, la juez Mercedes Alaya no sólo encontró un intento de cohecho, por el que los dos directivos de la lonja acabaron siendo condenados por el Supremo a penas de 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. La magistrada apuntó más alto con su linterna. Tras una denuncia interpuesta por el PP, descubrió un expediente financiado por el Gobierno andaluz con prejubilados que no habían trabajado en Mercasevilla. El primer intruso resultó ser un dirigente local del PSOE en Baeza (Jaén),Antonio Garrido Santoyo, introducido como polizón en el ERE de la lonja. Este cabo condujo a la juez hasta Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo que daba arbitrariamente las ayudas, Hasta 680 millones de euros se repartieron entre empresas sin rendir cuentas a nadie entre los años 2000 y 2009.

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El ERE de Mercasevilla era la punta de un iceberg gigantesco. Un fondo millonario que, sin regla ni transparencia, a base de comprar voluntades, permitía al Gobierno regional del PSOE apagar los conflictos laborales que amenazaban su larga hegemonía.

Sánchez Cuerda ha pasado página y no quiere rememorar aquella pesadilla. No debe de ser fácil renunciar a un negocio donde uno ha pasado tres cuartos de su vida. Eso no quita que escueza, como esas heridas que vuelven a sangrar con solo mirarlas. En plena revisión del caso por el TC, prefiere guardar silencio. Se remite a su testimonio ante el jurado que condenó el intento de soborno. «No queremos creer que sea una vendetta política y esperamos en cualquier caso que la ley nos ampare», declaró a ABC en junio de 2016, cuando se tramitaba su desalojo.

Terminó perdiendo el pleito. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la decisión municipal de extinguir la explotación y el restaurante cerró sus puertas en mayo 2022. Fue el final de 68 años de actividad de un espacio gastronómico por donde han pasado famosos como Jackie Kennedy, la primera dama del malogrado presidente de Estados Unidos, cineastas como Orson Wells o escritores como Mario Vargas Llosa o José Saramago.

Tras su cierre, el edificio fue destrozado por un grupo de saqueadores que expolió sus puertas y ventanas para venderlas como chatarra. En julio de 2023, una máquina de demolición redujo a escombros lo que todavía quedaba en pie de las viejas instalaciones para que los nuevos concesionarios acometieran la reforma del edificio.

Pedro Sánchez Cuerda ha tenido que reinventarse. Está desvinculado de su antigua empresa y ha montado su propio negocio de hostelería. En el juicio declaró que estaba orgulloso de haber tirado de la manta. Lo volvería a hacer. Conviene recordarlo ahora que el Constitucional está echando paladas de tierra sobre una trama de corrupción que empezó a destaparse hace quince años y medio en un restaurante de Sevilla.