Guillermo Latorre: «No hay que destruir a las familias numerosas para apoyar a nuevos modelos»

¿Por qué cree que se quiere eliminar el concepto de familia numerosa?

La ley tiene un sesgo ideológico brutal. Antes de la democracia se fomentaba el tener hijos y parece que eso ha quedado como una reminiscencia. Se ha creado un estereotipo, cuando hay familias numerosas de todas las escalas sociales y económicas. Yo presido también la asociación del Campo de Gibraltar y más del 50 por ciento de mis asociados son de otras creencias.

¿Qué han pedido al Ministerio?

Que se mantenga el nombre y el espíritu de la familia numerosa. Que se tenga en cuenta el número de hijos, pues no es lo mismo tener dos que seis y por tanto no se puede regular de manera lineal. Y que se considere nuestra aportación a la sociedad, pues aunque la población está creciendo a menudo es gracias a personas de fuera, que no conocen nuestra cultura.

¿Hay referentes en Europa que sí apuestan por ello?

Por ejemplo los países nórdicos, donde se prefiere llegado el caso pagar un sueldo a la madre trabajadora en vez de instalar guarderías e infraestructuras. Así tampoco pierden la identidad. Son opciones de ayuda a la mujer que parece que no queremos mirar. Tener hijos en España es un tabú.

¿Cree que más que valorar a las familias numerosas se les persigue?

Desde luego no es una ley integradora, porque nos hace desaparecer. Nosotros no nos metemos en las ayudas que hay para las personas que no quieren tener hijos, como son los anticonceptivos, las píldoras del día después o las prácticas abortivas. No entiendo que al contrario se nos quiera dejar fuera.

¿Comparten que se dé soporte a los otros modelos de familia?

Por supuesto. No tenemos nada en contra, pero para sumar o crear no tienen porqué eliminarnos. De hecho, hemos sido siempre un colectivo saco. De la cantidad destinada a familias numerosas también salían las ayudas para viudos y familias con personas con discapacidad mayor del 33 por ciento. Esto hizo que aumentasen las demandas pero no la dotación económica, por lo que éramos más a repartir. Hay que ayudar a todos, pero con partidas propias.

La Junta envió una carta al ministro Pablo Bustinduy recogiendo sus reclamaciones y mostrándose disconforme.

Para nosotros es muy importante que una entidad oficial y de solvencia así nos apoye y entienda la importancia de protegernos. La anterior Junta socialista ya quería cambiarnos el nombre, por el de 'familias en riesgo de exclusión'. Obviamente no lo compartíamos.

¿Alguna novedad sobre la ley?

Está en período de alegaciones. El ministro no ha cerrado ninguna puerta al diálogo, de hecho se ha reunido con la Federación Española. A ver en qué se traduce eso.

¿Han planteado medidas concretas?

Siempre hemos hablado, no solamente ahora que ha surgido el tema, de que cualquier bonificación o ayuda tenía que ir en relación al número de hijos. Si ahora nos dicen que por consumir en exceso el agua podemos ser sancionados, si no analizas cuántas personas viven en esa casa puedes cometer una injusticia. O cuando decimos que necesitamos viviendas dignas, no pueden ser igual la de una familia numerosa que la de aquellas personas que han decidido libremente no tener descendencia. Y si yo quiero que mis hijos estudien una carrera puede ser que el último no tenga la bonificación porque el hermano mayor ya ha cumplido más de 25 años.

¿Tocaron con él el problema de la natalidad?

—Esto ya no es una cuestión sólo nuestra. Desde organismos internacionales como el Observatorio de la Familia de la ONU se habla de que para que haya un relevo generacional en todos los aspectos (cultural, económico, de pensiones…) deben nacer unos tres hijos por familia. En el último dato nos quedamos en uno por hogar.

¿Qué presencia tiene la federación en Andalucía?

Aglutina a doce asociaciones, pues en Córdoba hay tres y en Cádiz, dos. Como entidad privada luchamos por ejemplo para que llegue la ayuda que tenemos reconocida por ley en el IBI, pues de manera individual no te suelen oir en los ayuntamientos. Logramos también algunos acuerdos con empresas privadas e instituciones sensibles a nuestra realidad. Desde supermercados a agencias de viajes, turismo familiar…

¿Confía en una revisión de la ley?

En política nunca se sabe. El problema es que saben que somos un colectivo pacífico, que no va generando ruido y parece que se oye menos. Y duele, porque siempre hemos acudido a donde hiciera falta. Últimamente no nos faltan ganas de montar manifestaciones.