La Guardia Civil, obligada a usar embarcaciones de 20 años y descatalogadas ante narcolanchas más rápidas y potentes
El Ministerio del Interior, consciente de la desventaja, ha encargado la adquisición de tres patrulleras de alta velocidad para luchar contra el narco y la inmigración irregular en igualdad de condiciones
La Guardia Civil renueva parte de su flota marítima para combatir a las narcolanchas en Andalucía
Sevilla
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Iniciar sesiónLa Guardia Civil libra un combate desigual contra las mafias del tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar. La muerte de los dos guardias civiles este viernes tras ser embestidos por una narcolancha ha dejado en evidencia este desequilibrio. Los narcos disponen de embarcaciones ... mucho más rápidas, capaces de cruzar el Estrecho en 15 minutos para llevar los fardos de hachís procedentes de Marruecos hasta el litoral andaluz. Su uso está prohibido desde 2018, lo que no quita para que se hayan convertido en el arma más potente de estas organizaciones criminales. En la costa andaluza occidental es frecuente ver a los narcos a bordo de estas embarcaciones llegando a la costa, donde esperan los porteadores para alijar la droga y llevarlas hasta las «guarderías» -lugares donde se almacena- hasta su posterior distribución.
La batalla no puede ser más desequilibrada. Son más rápidas. Las narcolanchas aventajan en 15 ó 20 nudos en velocidad a las embarcaciones de la Guardia Civil. Pueden alcanzar una velocidad de entre 60 y 70 nudos, lo que equivale a entre 120 y 140 kilómetros por hora. Al ser mucho más rápidas que las empleadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, permiten a los narcos darse a la fuga en numerosas ocasiones.
Se trata de embarcaciones, normalmente semirrígidas, con tres motores Yahama de 350 CV. Miden 12 metros de eslora por 2,5 de manga y suelen lllevar entre 2.500 y 3.000 kilos de hachís. En su interior sólo tienen un caballete para cuatro tripulantes aunque se han visto narcolanchas cargadas con más personas.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone de una flota de embarcaciones medias de alta velocidad muy envejecida. La antigüedad de su flota ronda los 20 años cuando se estima que su vida útil es como máximo de 15. No reúnen en muchos casos las condiciones de acomodación necesarias para los servicios que prestan y que han sobrepasado las horas de navegación previstas, obligando a renovar sus motores y otras piezas, algunas ya descatalogadas.
Encargo del Ministerio del Interior
El Ministerio de Interior es consciente de que juega en desventaja. Prueba de ello es que a finales del pasado año público encargó la fabricación de tres patrulleras de alta velocidad para su servicio marítimo por un importe de 7,5 millones de euros, 2,5 millones cada una y dos de las cuales deberán estar disponibles a lo largo de este año.
La flota del Servicio Marítimo de la Guardia Civil está obsoleta. En el expediente de contratación reconoce que el objetivo es aumentar y renovar sus capacidades «logísticas y operativas» en los ámbitos de la inmigración irregular, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la vigilancia de fronteras, la protección del medio ambiente marino y en general, el cumplimiento de las tareas que el Instituto Armado tiene encomendadas en el ámbito marino.
Dedicadas también al tráfico de seres humanos
Los narcos no sólo transportan hachís en estas embarcaciones. Ahora incluso están sirviendo para trasladar a inmigrantes, como se aprecia en recientes vídeos en los que se ve a jóvenes marroquíes subiendo a una narcolancha en una playa de Marruecos y llegando luego a la playa de Los Lances de Tarifa (Cádiz).
El 13 de julio de 2018, el Consejo de Ministros declaró como género prohibido de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar, retomando una propuesta que partía del anterior ministro del Interior, José Ignacio Zoido. El objetivo era penalizar «el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad« utilizadas para la introducción, sobre todo de hachís procedente de Marruecos, aunque también de tabaco de Gibraltar.
El Gobierno reconocía en su propio anteproyecto que resulta muy difícil proceder legalmente contra las narcolanchas si no contienen carga ilícita en el momento de ser interceptadas, por lo que el objetivo es que se tomen en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación, su titularidad o la finalidad de su uso, para incautarlas, incluso en tierra y sin carga ilícita, e incoar los correspondientes expedientes sancionadores.
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