Un guardia civil dice que UGT encargaba a sus proveedores «facturas a demanda» en Andalucía

Así lo ha asegurado este agente durante su comparecencia como testigo en este juicio promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Este sargento ha abordado la tesis planteada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, según el cual entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias«, incurriendo en ello en »la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido«, que eran »la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado«.

El extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un «bote» o «fondo de reptiles» con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

El «excedente» económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar «bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones».

Al respecto, este sargento ha explicado que de las actuaciones de investigación desplegadas para esclarecer los hechos, se desprendería que UGT-A habría encargado a sus proveedores «facturas a demanda», indicándoles incluso los conceptos y las fechas. «Quiero este concepto y esta fecha», ha manifestado para ilustrar con sus palabras cómo habría actuado el sindicado ante sus proveedores a la hora de abordar la redacción de las citadas facturas.

A tal efecto, ha definido como «una operativa posible» que el sindicato solicitase estas facturas a sus proveedores precisamente «para justificar» la realización de una acción formativa financiada con subvenciones de la Junta de Andalucía. Se trataría, como ha explicado, de que el sindicato solicitaría a sus proveedores plasmar determinados conceptos y fechas en tales facturas, para que los gastos en cuestión «entrasen en una subvención para una acción formativa».

Eso sí, a preguntas de las defensas, ha admitido que él no tiene pruebas de que dichas acciones formativas no fuesen realemnte materializadas, pues la investigación comenzó tiempo después de las fechas aludidas sobre las mismas. Tal extremo corresponde aclararlo y «verificarlo», según ha dicho, a la propia Administración andaluza.

Durante la sesión, por cierto, el abogado defensor Luis López de Castro, en nombre de Federico Fresneda, ha reprochado a este agente que los atestados de la investigación incluyesen aspectos «sin ninguna relevancia» para las actuaciones, como la conversación telefónica entre Francisco Fernández Sevilla y la también dirigente de UGT Andalucía Carmen Castilla, actual diputada del PSOE en el Congreso por Sevilla, manifestando esta última sus quejas con que le hubiesen comparado con la que fuese presidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por lo «fea» que según sus palabras sería dicha dirigente del PSOE.

En cualquier caso, este investigador del caso ha asegurado que el «factor denominador común» de los testigos interrogados a la hora de armar los atestados, era la mención continuada al «bote» y los descuentos o «rappel» aplicados por los proveedores al sindicato por los volúmenes de compras, toda vez que los investigadores sostienen que dichos descuentos, por contrataciones cargadas a programas subvencionados, no habrían sido comunicados a la Junta de Andalucía como ente pagador de las ayudas. Empero, el agente ha reconocido a preguntas de las defensas que el citado «bote» habría contado en ocasiones con «saldo negativo», es decir en rojo para las cuentas de UGT-A.