Tres ministros se alinean con la versión de Juana Rivas y obvian todas las sentencias judiciales

«Confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo y entiendo la angustia y entiendo la preocupación de la madre, de la familia y de gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes«, ha asegurado. En todo caso, ha mostrado el »máximo respeto« del Gobierno a las resoluciones judiciales, y ha recordado que el asunto sigue judicializado. »Por tanto, no solo respeto sino también precaución porque sigue judicializado tanto en España, donde hay recursos pendientes, como también en Italia donde hay procedimientos judiciales que están pendientes de juicio en el mes de septiembre«, ha precisado, en referencia al juicio que tiene pendiente el padre del menor por presuntos malos tratos.

Desde el Ministerio de Justicia, según ha indicado, han estado en contacto con la Autoridad Central Italiana, que también es el Ministerio de Justicia italiano, y se ha comprometido a seguir trabajando para «garantizar la seguridad y el interés superior del menor».

Sobre este mismo asunto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su «empatía» con la familia del menor y ha propuesto que la legislación española dé «un paso adelante» para proteger en estos casos el interés superior del menor.

«Ayer mismo la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hacía hincapié en la necesidad de modificar la LOPIVI (Ley de protección a la infancia frente a la violencia). También hemos presentado a Justicia una ley integral de violencia vicaria, porque aquí hay también un tema de violencia vicaria«, ha apuntado. »Creo que la legislación española tiene que dar un paso adelante pero la complejidad es máxima«, ha añadido.

Según ha explicado Redondo, el caso de Daniel es un asunto que les «duele especialmente», sobre el que están actuando desde distintos ministerios y en el que, a su juicio, se ha producido una «disfunción» que «tendrá que ser resuelta en la Comisión Europea» porque «hay dos jurisdicciones que no van acompasadas en Italia, la jurisdicción civil y la jurisdicción penal».

«El sentido común nos invita a pensar que se debería resolver en primer lugar la cuestión penal, porque de lo que trata es de si ha habido o no maltrato, maltrato a la madre y al niño«, ha explicado la ministra de Igualdad. Si bien, ha apuntado que en España el sistema judicial español tiene que ejecutar las decisiones judiciales. »No tiene otra, por lo tanto en esa disyuntiva, en ese dilema nos movemos, complejísimo y desde luego la empatía absoluta hacia esa familia«, ha afirmado.

Por su parte, la ministra Rego ha revelado que ayer, cuando viajó a Granada para reunirse con él y con su hermano mayor, Daniel le transmitió su temor. «El niño lo que me dijo es que tenía miedo y que había sufrido malos tratos. Esto es lo que el niño me traslada, y yo le creo, porque el relato del niño menor y el chico mayor de edad, el hijo mayor de Juana Rivas, es exactamente el mismo relato«, ha asegurado.

Rego también ha denunciado que el menor se presentó en la Fiscalía General de la Fiscalía de Granada el viernes por la mañana y que «la fiscal consideró que no debía escucharlo». Además, ha indicado que el niño interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y fue al juzgado de guardia a presentar esta denuncia el sábado y estuvo nueve horas en la sala de espera. «No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación», ha insistido.