Los trabajadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública reivindican su labor vital

Pocos saben que fue la Escuela Andaluza de Salud Pública la que planificó en los años 80 la implantación de los más de 500 centros de atención primaria en la comunidad. Y esa labor discreta y vital es la que están reivindicando los trabajadores de la escuela. La proposición de ley impulsada por el PP para la creación del futurible Instituto Andaluz de Salud , con pocos visos de prosperar por la negativa de Ciudadanos , ni siquiera recoge la expresión «salud pública» , salvo para referirse nominalmente al centro con sede en Granada. Y sus 177 trabajadores se mantienen en pie de guerra ante lo que consideran «un peligro» para su futuro laboral.

El personal ha emprendido una campaña de protestas contra una situación que, advierten, terminaría con la desaparición de la Escuela Andaluza de Salud Pública tal y como se conoce. Nuria Luque, portavoz del comité de empresa, lamenta la «incertidumbre» que existe desde que el texto presentado por el PP trascendió hace un mes. «Hay grandes defectos en la ley, porque no aparece ninguna de nuestras funciones», apunta a ABC, pues este centro se dedica en esencia a la docencia —allí se imparte el máster internacional más importante de salud pública de España— y a la consultoría para administraciones públicas.

Reconocida al máximo nivel, dentro y fuera del país, hasta por la Organización Mundial de la Salud, la escuela destaca por su desempeño en materia de cooperación internacional . Esta faceta, que genera importantes ingresos, sería inviable si se extingue, como contempla la ley, con la consiguiente pérdida de su identidad jurídica. Supondría, no sólo una limitación en cuanto a los procedimientos administrativos, sino la imposibilidad de optar a determinados fondos , a falta de un CIF que permita captar las partidas: «Y todos los acuerdos que ya existen se perderían».

«Nosotros investigamos y luego aplicamos esa evidencia al sistema sanitario y todo ese conocimiento lo enseñamos a nuestros alumnos y lo llevamos a otros sistemas sanitarios del mundo», apunta Nuria Luque, que compara el proyecto del Instituto Andaluz de Salud con la creación del Instituto Carlos III de Madrid, «un centro de referencia nacional e internacional» que hace unos años fagocitó a la Escuela Nacional de Sanidad, hoy convertida en un departamento con la mitad de su plantilla original: «Se integró en ese centro y se ha diluido» . De 170 trabajadores, similar a la EASP, ha pasado a 80: «Las cifras son muy parecidas, y ahora tienen menos cursos y menos formación».

La proposición de ley no aclara de qué forma se garantizaría la continuidad laboral del personal de la escuela. Los trabajadores insisten en que, pese a las irregularidades que tuvieron lugar en el pasado, todos han pasado «un proceso de selección» : «Nos hemos presentado a una oferta pública de empleo». Y niegan que la Escuela Andaluza de Salud Pública sea «un chiringuito» de la llamada administración paralela. «No hay que confundir churras con merinas», advierte una profesional. «Es más tangible lo que hace un hospital, pero aquí se hace mucho trabajo y tenemos a una persona de Hacienda que controla todo», asevera Luque por otro lado, recordando que también existen profesionales en situación de precariedad.

La portavoz del comité de empresa advierte que hay «un riesgo real para los puestos de trabajo, sobre todo para el personal administrativo»: «Hablamos de familias completas que tendrían que desplazarse a Sevilla» , donde se ubicaría su nueva sede social. Y todo ello suponiendo que «el personal pasase a estar blindado», en virtud de la legislación que invoca el proyecto del PP: una normativa que, según recuerda Nuria Luque, nunca podría aplicarse a la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues quedaría extinguida y el blindaje de la plantilla únicamente sería posible con una fusión de empresas. «No nos garantizan un puesto de trabajo», insiste Luque.

El pasado jueves, representantes del comité de empresa de la escuela se reunieron con los grupos del Parlamento andaluz, a los que trasladaron «la importancia de mantener la entidad jurídica» . El PP se mostró dispuesto a «mejorar» la ley, «manteniendo la sede» de una forma «funcional» y dando «mayores garantías administrativas y laborales», afirma Almudena Millán, presidenta del comité de empresa, que reconoce la voluntad «negociadora» de los populares, a la espera de que se pronuncien los servicios jurídicos de la Junta y el propio Consejo de Gobierno .

El mismo jueves, el Parlamento votó a favor de defender la EASP , con las abstenciones de PP y Ciudadanos , aunque mantienen posturas enfrentadas. Los planes de creación del Instituto Andaluz de Salud han generado un importante malestar en el seno del propio Gobierno , dado que Ciudadanos se encontró con una medida que no apoyarán. Si la ley contase con luz verde, comenzará un periodo de ponencia que durará entre seis meses y un año. Previsiblemente, podría entrar en vigor en verano. Pese a las bondades que esgrime el PP, el personal se mantiene receloso. «Dicen que quieren optimizar y que no se tocará la plantilla… Entonces, ¿qué quieren optimizar?» , se pregunta otro trabajador.