Ramírez de Arellano, al juez: «No hubo menoscabo sino una defensa fuerte del dinero público»

Su forma de proceder estuvo «presidida por actuaciones regulares y legales », y «en ningún caso se produce un problema económico por esta actuación» porque unos honorarios potenciales de técnicos de 1,5 millones de euros se contrataron por 700.000 euros, ha señalado el consejero por lo que no hubo en su opinión «menoscabo» económico sino «una defensa fuerte del dinero público». 

«Debemos estar todas las personas que estamos en el mundo público a disposición de los jueces y magistrados» con el fin de «dar todas las explicaciones oportunas de cualquier actuación que pueda resultar dudosa», ha indicado quien fuera posteriormente rector de la Hispalense. Ramírez de Arellano ha dado detalles con amplitud de los distintos expedientes que el magistrado ha ido repasando y no ha querido adelantar si confía en el archivo de la causa.

La declaración ante el magistrado Juan Ruiz-Rico de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz respondiendo, también a las preguntas del fiscal y su letrado, se ha realizado en ausencia de la parte denunciante, el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que no se ha personado.

«Me voy tranquilo», ha señalado Ramírez de Arellano quien no ha querido adelantar si confía en el archivo reseñando a su vez ante los periodistas que el Juzgado del Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha rechazado el pleito que por esta vía el Colegio de Arquitectos pretendía seguir contra la Universidad de Sevilla.

Sobre la connotación política que puede tener esta denuncia, «no soy yo quien debe especular», ha mantenido el consejero de Susana Díaz que tampoco ha querido referirse a la postura en este caso de Ciudadanos , que ha señalado que su caso se deriva de una supuesta irregularidad que solo sería técnica.

La citación se deriva del auto del día 12 de abril en el que el TSJA acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla. El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación » de los proyectos para la construcción del edificio del CENTRIUS en la Isla de la Cartuja de Sevilla.