Procesan a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en la pieza separada San Jerónimo

Esta pieza gira en torno al desarrollo del Plan Parcial PP-N2 San Jerónimo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada en el que se han investigado supuestas irregularidades respecto a la concesión de licencia de primera ocupación para el conjunto residencial de 300 viviendas, garajes y trasteros de la urbanización Ciudad de la luz.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza ha dispuesto que continúen las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra un total de siete personas , entre los que se encuentran, además de Isabel Nieto; el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, la exdirectora general de Urbanismo y el exdirector general de Licencias, en otros altos cargos de la época, así como contra el promotor José Julián Romero.

La jueza les procesa por posibles delitos de cohecho , fraude en la contratación, asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos , estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.

En el auto la magistrada expone que en las distintas piezas que componen el caso Nazarí se está investigando «la presunta existencia dentro del Área de Urbanismo de Granada de una trama organizada corrupta que, de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada, alterando el normal funcionamiento del área de Urbanismo, contraviniendo de forma continuada y con conocimiento, la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales.

Respecto a la pieza San Jerónimo, sostiene que, en el desarrollo del Plan Parcial PP-N2 se han observado la concurrencia de «irregularidades» respecto de la concesión de licencia de primera ocupación para el conjunto residencial compuesto por 300 viviendas, garajes y trasteros de la Ciudad de la Luz, compuesta de dos edificios denominados Goya y Van Gohg, situado en Calle Pedro Machuca de Granada.

El máximo responsable de la promoción es el promotor encausado, José Julián Romero, según expone la magistrada, la cual relata que para realizar estas edificaciones se llevaron a cabo obras que «han provocado el desvío del barranco de San Jerónimo procediéndose, presuntamente, a invadir terrenos que se encuentran fuera del Plan PP-N2» y que pertenecen a terceras personas, «sin que por parte de la promotora se haya llevado a cabo la oportuna y necesaria expropiación de los terrenos, ni que tal actuación tampoco se llevara a cabo por el Ayuntamiento», concretamente por la concejalía de Urbanismo, siendo presunta responsable la entonces edil Isabel Nieto.

Afirma la jueza que se cambió el proyecto aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir «sin esperar» a que este organismo diera el visto bueno a las modificaciones llevadas a cabo para la construcción de la urbanización, «procediendo, al respecto, a rellenar con tierra el antiguo cauce del barranco, con la creación de una situación de posible peligro en un futuro».

Destaca la jueza que «desde el 4 de noviembre de 2008 ya se tenía conocimiento por los encausados, por el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de esta fecha, de las importantes y graves irregularidades que presentaba el plan parcial aprobado en el año 2006 sin que existiera constancia del previo y preceptivo informe favorable de dicha Administración».

En virtud de lo expuesto, sostiene que por parte de la Sociedad Casería San Jerónimo SL que se encuentra representada por José Julián Romero «presuntamente se habría realizado una serie de irregularidades para la consecución de acuerdos con el Ayuntamiento, que, presuntamente, han provocado un perjuicio patrimonial al resto de los miembros de la junta de compensación», centrando el problema en la «concesión de las licencias para la ocupación de primeras viviendas».

En el auto, contra el que cabe recurso, la jueza procesa a estas siete personas por este asunto, en la línea con lo solicitado en su momento por la Fiscalía, y da traslado a las partes para que en el plazo excepcional de 15 días, «dado el volumen del procedimiento»m soliciten la apertura del juicio oral , formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.