El juez rechaza archivar la causa que investiga al alcalde de Granada

Las alegaciones de Cuenca se dirigen contra otro auto fechado el pasado 16 de julio, por el que el magistrado de refuerzo reactivó la causa , iniciada en 2013 a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios , y además extendió la investigación a cuatro nuevos imputados: los contratistas a los que las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía encomendaron el control de cursos de formación . Esta tarea, atribuida por ley al funcionariado, fue externalizada sin que en ocasiones las adjudicatarias cumplieran los requisitos.

El juez sostiene que los argumentos en los que se ha basado el alcalde de Granada para solicitar el archivo «ya fueron valorados» anteriormente y entiende que la resolución recurrida –también por el resto de investigados– «se encuentra plenamente ajustada a derecho» . Además, dice el magistrado, la defensa del regidor granadino «viene –tácitamente– a reconocer que la instrucción jurisdiccional no está aún completada, […] por lo que la solicitud de sobreseimiento no puede tener acogida», concluye.

Francisco Cuenca tendrá próximamente una nueva oportunidad para que prospere la solicitud del archivo de la causa. Aunque el juez Vilaplana ha rechazado el recurso de reforma presentado por la defensa de Cuenca, sí ha admitido a trámite el recurso de apelación «subsidiariamente interpuesto», por lo cual ha requerido a la defensa del alcalde documentación en un plazo de cinco días –plazo reservado para las causas de especial complejidad – con el fin de elevar sus alegaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla, que tendrá la última palabra.

El alcalde de Granada ha mantenido desde que fue imputado que la investigación se reduce a una cuestión meramente «administrativa» , pese a que el juez mantiene abiertas diligencias contra él por tres presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones públicas por la adjudicación de contratos.

Empresarios convencionales, cooperativistas y autónomos resultaron supuestamente beneficiados por las «adjudicaciones directas» en diversas provincias de Andalucía; entre ellas, las que Francisco Cuenca firmó a instancias de la Junta durante su etapa como delegado de la Consejería de Economía en Granada en los años 2011 y 2012.