Juana Rivas: un indulto político tras un largo periplo judicial de resoluciones en contra
La medida de gracia concedida por el Consejo de Ministros este martes termina con un proceso que comenzó en 2017 y parecía acabado tras la sentencia que la condenaba a dos años y medio de prisión
Álvaro Holgado
Mucho ha llovido desde aquel «Juana está mi casa» del verano de 2017 hasta el indulto parcial concedido por el Gobierno a Juana Rivas este mismo martes. La última noticia se une a una serie de episodios que han levantado poco ... a poco una de las historias más mediáticas del último lustro.
La desaparición de la madre de Maracena junto a sus dos hijos en el verano de hace cuatro años para «proteger a sus hijos» frente a su «exmarido maltratador» obtuvo un respaldo popular importante. El mismo que ha ido rebajándose a medida que la Justicia iba dando un varapalo tras otro a las pretensiones de Rivas.
Su camino judicial comienza precisamente en diciembre de 2016 . Entonces, una jueza española emite el primer auto, e l que obliga a Rivas a devolver a los niños «a su residencia habitual con anterioridad a la sustracción , en este caso Italia». Apeló y la jueza aún así ratificó el auto. Debió entregarlos el 11 de julio de 2017 a Francesco Arcuri , su exmarido, con quien volvió después de una condena por malos tratos en 2009.
La Justicia retrasaba el reencuentro al día 24, luego al 26. Juana Rivas decidió desaparecer el 25 de julio. La historia es conocida, el 28 de agosto , tras más de un mes de tertulias, manifestaciones y proclamas en redes sociales, devolvía a sus hijos a la Guardia Civil horas antes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada tomara medidas cautelares.
Lo que parecía el final solo era el principio. El paso por los tribunales se eternizaría. En julio de 2018, un año después, llegaría la primera sentencia. El juez titular del Juzgado de lo Penal I de Granada, Manuel Piñar, condenaba a Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores, dos y medio por cada menor , a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus hijos , así como al pago de las costas judiciales y de una indemnización a Arcuri por daño moral y material, primero de 30.000 euros y más tarde de 12.000.
Recurso al Supremo
El debate jurídico en torno al caso Juana Rivas levantó ampollas. También a nivel social. Frente a los que acusaban a Rivas por la sustracción de sus hijos frente a los derechos del padre, así como al asesoramiento que obtuvo para su desaparición durante un mes, se enfrentaban quienes apelaban a otra denuncia interpuesta en Italia por Rivas por malos tratos de Arcuri. Esta, no estaba tramitada en el momento de la denuncia por desaparición, aunque finalmente ha sido archivada de cualquier modo.
Volviendo al plano jurídico, la duda estaba en tanto que la condena se argumentaba en un delito por cada hijo sustraído . Es decir, si el sujeto pasivo en la retención de los menores, «incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa», así lo dice el Código Penal, era punible por ambos o cada uno . En resumen, si el delito se llevaba a cabo contra el derecho de los menores o contra los del padre.
Tres años más tarde, ya en 2021 , esa misma razón hizo que, en contra de lo estipulado por la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Penal I en Granada, el Supremo acabara por rebajar la pena a la mitad . La decisión, apoyada también por el Ministerio Fiscal, dejaba a Rivas frente a dos años y medio de prisión.
En todo caso, y en eso estaban de acuerdo, en ningún momento se justificaba judicialmente los actos de Rivas salvo por ese matiz. Su propio abogado ya entonces, Carlos Aranguez, tras este recurso de casación, valoró «muy positivamente» la decisión del Supremo ante lo que, a todas luces, era la ratificación no de la pena, pero sí del delito.
Tercer grado «de ida y vuelta»
Se indicaba su ingreso en prisión el día 11 de junio de este mismo año. Concretamente en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos, en Granada. Lo hacía de forma voluntaria, un día antes del plazo de 15 días previsto por el juez a la Guardia Civil para llevarla al juzgado y, posteriormente, al centro. El hecho de que no fuera en una prisión al uso aceleraba un tercer grado que llegó al muy poco de entrar.
El debate entonces giraba, más que en este asunto que se concedió en apenas diez días, en el posible indulto por parte del Gobierno . El run run entraba sobre todo por parte del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente que en su opinión ya dejaba caer lo sucedido este martes.
No obstante, el tercer grado fue corregido en solo un mes. El 20 de julio el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria aceptaba parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía de Granada y cambiaba la modalidad de ese tercer grado a un horario diario que estableciera el CIS. El nudo gordiano del recurso de Fiscalía y más tarde de todos los informes contrarios al indulto, incluido el del Tribunal Supremo, que acabó literalmente dividido en empate técnico para ello, estaba en el arrepentimiento de Rivas.
En ningún momento, incidían, la madre de Maracena se ha arrepentido de la sustracción de los menores en julio de 2017 . Es más, ha señalado que «lo volvería a hacer».
Ya fuera de esa primera modalidad del tercer grado, a Rivas se le obligaba a recibir un programa de tratamiento específico «tendente a lograr la plena concienciación de los derechos de la infancia en toda su amplitud y el escrupuloso respeto que debe presidir toda actuación en las relaciones paterno filiales y el obligado respeto que se debe al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes«.
Expedientes disciplinarios
Tras aquella vuelta al CIS y sin poder llevar a cabo su condena desde casa, el caso de Juana Rivas ha seguido coleando. Entre las razones que se daban para su indulto estaba de hecho su «buena conducta», algo que no se ha visto reflejado precisamente en los expedientes disciplinarios abiertos durante su estancia en prisión que podrían llegar hasta los cuatro en los últimos meses, tal y como confirman fuentes conocedoras del caso.
También ha seguido en el plano mediático, ya no por la propia Rivas, sino por las declaraciones de dos políticos, Iñigo Errejón y la citada ministra de Igualdad, contra los que Arcuri ha interpuesto una querella por injurias y calumnias tras compararle con Tomás Gimeno, asesino de dos menores en Tenerife. Pide para cada uno una indemnización de 80.000 euros, aunque este mismo martes Montero se haya ratificado en sus palabras acusándole de «maltratador» .
En todo caso, y esta es la realidad actual, lo que ya queda por ver, existiendo la medida de gracia a Rivas, es si el juez acabará por resolver la disolución de la pena finalmente, tal y como ha anunciado su defensa. El indulto parcial la vuelve a rebajar a la mitad, dejándole a 10 meses de cumplir el año y tres meses de condena. Lo más importante: recupera la patria potestad de sus hijos, después de inhabilitación suspendida por el Gobierno en esta medida de gracia.
Los hechos en cuanto a la custodia de los hijos se resolverán este mismo viernes 19 de noviembre en Italia, concretamente en Cagliari, donde se decidirá si Arcuri mantiene como hasta estos tres últimos años la patria potestad única de sus hijos o, como ha insistido la defensa de Rivas, consigue que la apelación final le sea favorable.
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