La Fiscalía y el PP de Granada recurren el archivo del caso Colina Roja de la Alhambra

El juez del Juzgado de Instrucción 4 de la capital, una vez fue nombrado en 2017, solicitó la prórroga de la investigación, que fue anulada el pasado mes de octubre por la Audiencia de Granada a instancias de un recurso de la exdirectora del monumento, la socialista María del Mar Viilafranca , una de las principales imputadas. Todas las actuaciones quedaron sin validez , incluidos buena parte de los informes policiales, algo que ponen en cuestión tanto el Ministerio Público como el Partido Popular, personado en la causa.

El pronunciamiento de la Audiencia de Granada abocó al archivo la causa contra un total de 28 personas, todas ellas vinculadas orgánica o indirectamente al Patronato de la Alhambra y el Generlife. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ( UDEF ) de la Policía Nacional cifró en 7 millones de euros el perjuicio a las arcas del monumento durante la etapa de María del Mar Villafranca, si bien la propia Intervención General de la Junta de Andalucía elevó a 12 millones de euros el montante.

La auditoría elaborada por la Junta de Andalucía detectó irregularidades en 200 adjudicaciones . Según las pesquisas policiales, el monumento se convirtió en una «agencia de colocación» de familiares y amigos por medio de empresas que cubrían necesidades ficticias y cuyos directivos eran, de facto, los miembros de la cúpula del Patronato de la Alhambra. Su alto nivel de vida era incompatible con sus ingresos oficiales, de acuerdo con los informes económicos de la Policía.

La UDEF trabajaba con la hipótesis de que la cúpula gestora creó una serie de necesidades irreales por medio del Plan Director de la Alhambra que elaboró Villafranca al comienzo de su mandato, paralelamente a la acusación que lideró contra un centenar de trabajadores en el caso Alhambra, el de las supuestas entradas falsas, juzgado más de una década después por la misma Sala Segunda de la Audiencia de Granada que ha acordado la nulidad de las actuaciones del caso Colina Roja.

Este litigio, al que la Junta aportó numerosa documentación fabricada expresamente para la causa , como publicó ABC, se saldó con penas simbólicas para diez personas sin rastro de entradas que no fueran auténticas y estuvieran impresas en las taquillas del monumento. En dichos papeles aparecen las rúbricas de Villafranca y de la que fuera su secretaria general, Victoria Chamorro , otra de las imputadas en la presunta trama de adjudicación irregular de contratos.

Ambas tuvieron que dimitir tras ser detenidas en 2015 en el marco del marco de la investigación del único caso de presunta corrupción en la Alhambra que se mantiene activo en este momento: el de las audioguías , surgido a raíz de una adjudicación concreta. Sin embargo, las presuntas irregularidades detectadas se extendieron a multitud de contrataciones, personas y empresas más , comprendidas en el caso Colina Roja, por el que fueron arrestadas nuevamente en 2018 junto a otras 25 personas. Semanas después, el letrado de la Junta de Andalucía, César Girón , se sumó a la causa en calidad de investigado, acusado por la Policía de dar validez jurídica a ilegalidades con sus informes .