La Fiscalía pide un lustro de cárcel a los exediles del PP por los contratos fantasma en el cementerio de Granada

Para el resto de los acusados, las cinco personas contratadas por Emucesa (Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada) las peticiones de cárcel oscilan entre los cuatro y cinco años y medio , al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público. La Fiscalía también ha pedido el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa.

Además, el Ministerio Público solicita que los siete acusados devuelvan conjunta y solidariamente a la privatizada empresa del cementerio los 309.831 euros destinados a las nóminas de personas que nunca fueron a trabajar, así como los gastos derivados de estos hechos.

A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los acusados, se le exige la devolución de forma conjunta y solidaria con tres de los acusados la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, ésta se eleva a 32.521 euros con uno de los contratados ya que uno de ellos devolvió el dinero percibido a Emucesa.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de «alta dirección» simulando una relación laboral inexistente .

Y añade que «desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública», según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa.

Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 eros por fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social. La Fiscalía acusa por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.