Gregorio García: «Granada no se merece lo que han hecho con ella»

Además de bloquear la actividad económica de los hoteles, restaurantes, cafeterías y bares de la provincia, la orden del Gobierno propicia la falsa impresión de que en la provincia granadina el coronavirus es un riesgo mayor que en otras zonas de España cuando no es así. « Mantener la fase cero implica una promoción negativa a nivel nacional e internacional que no está justificada», ha resaltado.

Los propios datos oficiales demuestran que un tercio de los municipios de la provincia ni siquiera han tenido contagiados y que en otros ha sido atajada de raíz la pandemia. De hecho, la incidencia es cada vez menor en las zonas de costa, donde se concentra un importante número de establecimientos del sector turístico granadino, al que, según el presidente de los hosteleros, el Gobierno ha hecho un flaco favor.

El criterio que el grupo de expertos que decide las fases de la desescalada ha aplicado a Granada ha sido diferente al de otras partes de España. En este sentido, Gregorio García ha lamentado que no haya un parámetro uniforme, lo que ha propiciado que la provincia se sienta discriminada respecto a otros territorios .

La presunta discriminación afecta especialmente al sector turístico, que aporta directamente el 14 % del producto interior bruto de Granada e indirectamente el 21 % por su repercusión en sectores auxiliares. Y que, además, genera 15.000 empleos, ahora en hibernación por la ausencia de actividad.

Precisamente, Gregorio García ha puntualizado que el problema central del sector turístico en el marco de la situación derivada de la pandemia es la fecha fijada para concluir la vigencia de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) .

El presidente de la Federación Provincial de Hostelería ha resaltado al respecto que es necesario que esta figura laboral se extienda hasta final de año para propiciar una recuperación de las empresas que les permita asumir el empleo.

El Gobierno, sin embargo, ha fijado el 30 de junio como límite para asumir parte de la carga económica derivada de los ERTE, a la vez que impide el despido hasta 2021. Esta prohibición, que aparentemente blinda a los empleados, es en realidad un riesgo para el mantenimiento del empleo. « Si nos obligan a readmitir a todos los trabajadores a partir del 30 de junio sin tener ocupación estamos muertos », ha advertido García.