Cientos de detenidos por defraudar con el subsidio agrario en Granada, Málaga, Jaén y Almería

La operación sigue en curso y está previsto que el número de detenciones aumente hasta 400 para el fin de semana, cuando habrán terminado las actuaciones policiales. Sólo en Granada, donde hasta ahora hay medio centenar de detenidos, el número de acusados ascenderá a 100.

Los 50 detenidos de Granada están repartidos fundamentalmente entre tres municipios de la provincia: Huéscar, Baza y un pueblo del área metropolitana de la capital . Ha sido en el primero de ellos donde se han concentrado la mayor parte de detenciones, con hasta 26.

Los detenidos han prestado ya declaración judicial, tras lo que han quedado en libertad con cargos . Todos ellos aguardan ahora a que tomen una decisión sobre su futuro los cuatro juzgados granadinos sobre los recae el peso de esta operación, que ha sido coordinada por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional. Aunque la investigación se originó en Granada, se ha ido extendiendo a otras provincias españolas.

Según la información filtrada al periódico Ideal, que no ha sido ni confirmada ni desmentida por la Policía Nacional, uno de los detenidos en Huéscar sería un empresario que supuestamente habría obtenido beneficios por vender peonadas a agricultores para que éstos pudieran percibir el subsidio. Los cobros se habrían efectuado o bien en el momento de la venta o cuando los jornaleros empezaban a ingresar la ayuda.

El subsidio

En total, cada beneficiario habría recibido un subsidio anual de 2.556 euros . El fraude reside en la compra de jornales ficticios con el fin de alcanzar las 35 peonadas requeridas para poder cobrar luego durante seis meses el subsidio anual de 2.556 euros que cada beneficiario habría recibido, esto es, poco más de 400 euros al mes durante medio año . Para poder acometer este fraude habría sido necesario falsear documentos y realizar altas ficticias a la Seguridad Social.

La ley contempla el fraude en el caso de aquellas organizaciones dedicadas a la obtención de estas ayudas o cuando la estafa supere los 50.000 euros. Los que resulten culpables en este proceso podrían enfrentarse a penas de entre dos y seis años de cárcel . Además, deberán abonar una multa como mínimo similar a la cuantía defraudada, si bien podría multiplicar por seis la misma.