El caso Alhambra llega al Supremo con las pruebas que «fabricó» la Junta y sin rastro de entradas falsas

Sólo 10 personas acabaron siendo condenadas por la Audiencia Provincial de Granada en febrero de 2018, con 40 absoluciones y penas simbólicas , inferiores a los dos años de prisión; lejos de los hasta diez años de cárcel que se solicitaron para algunos de los procesados. Seis de los penados presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda se encargará de dirimir. La resolución, según fuentes próximas al caso, tardará al menos dos semanas en llegar. El ponente designado es el magistrado Andrés Martínez. A partir de su fallo, se abrirá la vía judicial extraordinaria, ante el Tribunal Constitucional .

La sentencia , que fue recurrida también por la Junta y la Fiscalía , consideró probado que los condenados cometieron los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil , a pesar de que ni en el propio fallo ni en el sumario hay evidencia alguna de entradas que no fueran auténticas, como demostró este periódico. Y pese a que la sentencia sostiene que existía «una trama urdida», no llegó a condenar a ningún acusado ni por cohecho ni por el teórico daño patrimonial que se habría provocado en el monumento entre 2002 y 2005.

La propia Audiencia dio por hecho que los guardias de seguridad colaboraban activamente en la trama, a pesar de que la propia sentencia reconoce que es «extraño» que lo hicieran «sin obtener ningún beneficio» , por lo que solo se les ha podido atribuir un delito de cohecho a los seis oficiales de seguridad «al no existir el mínimo rastro de dádivas, favores, regalos o similares» , como se sostenía desde el comienzo del caso Alhambra. Supuestamente, el perjuicio al Patronato había sido de casi 8 millones de euros.

Con todo, el principal acusado, Francisco Castillo , responsable de una agencia de viajes y guía turístico, fue condenado a indemnizar con 58.000 euros al Patronato de la Alhambra y afrontar una multa de otros 18.000, además de a 17 meses de cárcel. También resultó condenada su mujer, así como su cuñada y exsocia, que fue quien denunció la situación ante el Patronato de la Alhambra . El fallo judicial se dirige también contra un empleado de banca –por apropiación indebida– y seis oficiales de la Alhambra, que estaban al cargo del personal que se ocupa de la seguridad en los accesos al monumento.

El juicio se celebró en una sala especial desde el 15 de septiembre al 19 de diciembre de 2016, tras una instrucción que se alargó durante casi nueve años y que terminó con una sentencia publicada más de un año después de que finalizara la vista. La sentencia, de más de 200 páginas, aplicó a todos los condenados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde el inicio del caso hasta el fallo. Sin embargo, omite la documentación falsa aportada por la propia Junta de Andalucía , como papeles clave de distintos años rubricados con un mismo bolígrafo o con las firmas directamente clonadas de forma digital.

La encargada de «recopilar» la documentación «para dar respaldo» a la acusación del Gobierno autonómico era Victoria Chamorro , según apuntaba a ABC la propia exsecretaria general hace unos meses. Descargaba cualquier culpa sobre el archivo –«todo salió de ahí»– y aseguraba que los escritos estaban «supervisados» por la asesoría jurídica de la Junta. Incluidos los folios sin fecha ni recibí que se compulsó a sí misma. María del Mar Villafranca, la exdirectora de la Alhambra , tampoco asume la responsabilidad de la autoría, pese a que su firma también aparece en algunos documentos de distintas fechas firmados «sin al menos, si se nos permite la expresión, cambiar de bolígrafo», según se desprende del sumario.

La extensa sentencia del caso Alhambra se fundamenta en la pericial judicial de un perito contable, Francisco Castillo, elaborada con promesas de una importante suma dineraria a partir de la documentación fabricada para la causa que dirigió –pese a haber recaído en el número 9– el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, cuyo titular era entonces el ya jubilado Miguel Ángel del Arco Torres , fundador de la editorial granadina Comares, que publicó antes y durante la investigación la guía oficial de la Alhambra en diversos idiomas, entre otros libros relacionados con el monumento. Tanto el perito Francisco Castillo como el juez del Arco sostienen que desconocían la falsedad de los informes.

Villafranca y Chamorro están siendo investigadas desde 2015, cuando tuvieron que dimitir tras ser detenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en el estallido del caso de las audioguías . Las dimensiones de esta segunda causa acarrearon la apertura de un proceso separado en el que las actuaciones se extendieron a multitud de empresas y adjudicaciones más por las que fueron imputadas un total de 28 personas vinculadas al Patronato de la Alhambra: el caso Colina Roja II , que fue archivado el pasado año por un error judicial .