Armilla, salpicada otra vez por la corrupción

En 2010, Armilla vio condenado por la tramitación del centro comercial Nevada a un año y tres meses de cárcel a José Antonio Morales Cara, el antecesor por el PSOE del actual alcalde, Gerardo Sánchez. Este enrevesado caso judicial terminó en el Supremo que avaló la legalidad del PGOU y la licencia que amparó el Centro Nevada, que abrirá en unos meses. Ello llevó a que Morales Cara solicitara la revisión de la pena que le fue impuesta por la que quedó inhabilitado para el desempeño de cargo público.

El caso Nevada puso en el mapa de la corrupción a Armilla, un municipio que creció notablemente en las últimas décadas al estar su término municipal en el linde del de Granada capital. Es el municipio del Área Metropolitana más poblado. El año pasado, Gerardo Sánchez tuvo que defender en sede judicial la tramitación de las obras de embellecimiento de una rotonda en la localidad tras la acusación de la Fiscalía por posible prevaricación y malversación en esos trabajos.

Este martes se le ha requerido documentación a instancias del Juzgado de El Vendrell en el marco de la operación Termyca.Agentes de la Guardia Civil de Granada se han personado al mediodía en el Ayuntamiento de Armilla para trasladar la correspondiente notificación, han explicado fuentes cercanas a la investigación.

No hay personas investigadas ni ningún dispositivo policial desplegado en las inmediaciones del Consistorio, aunque sí cierta expectación mediática que ha levantado los comentarios de los vecinos.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Armilla ha asegurado haber tenido conocimiento de la operación a través de los medios de comunicación, y que facilitará la documentación requerida.

El Ayuntamiento de Armilla suscribió un contrato con dicha empresa en el año 2014, por un importe de 18.000 euros y cuyo objeto de contrato era «asistencia técnica de gestión tributaria».

Un contrato obligado por muchos ayuntamientos debido a las obligaciones derivadas por la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Los importes fueron abonados en varias facturas mediante transferencia bancaria debidamente fiscalizados por los servicios técnicos y contractuados con sus debidos informes jurídicos y técnicos correspondientes.

Las doce detenciones que se han producido en la operación Termyca han sido fuera de Andalucía. Entre los detenidos se encuentran empresarios, directivos, un ex alcalde y dos funcionarios públicos municipales.

A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de entidades públicas empresariales locales carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.

Gran parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles.

La investigación desvela que la empresa EFIAL es adquirida por la mercantil CGI , creando un entramado que hizo que la supuesta red se extendiera fuera de Cataluña.

La ejecución de la operación se desarrolla mediante un amplio despliegue en el que participan 342 guardias civiles de comandancias de Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón e Islas Baleares.