El presidente del TSJA se fija como objetivo del nuevo año judicial «despolitizar la Justicia»

Del Río ha iniciado su discurso con una alusión clara a eso: el ciudadano, ha significado, percibe la justicia como algo «politizado», algo que se ha notado en la «anomalía», finalmente resuelta después de cinco años, de tener un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin renovar sus vocales.

Esa ausencia de cambios, «sin precedentes» y que provocó «un claro deterioro constitucional» se ha resuelto, pero «el daño ya está hecho porque persiste un halo de duda sobre la justicia, que ve cómo se visualiza socialmente un reparto político entre dos partidos para la designación de los vocales».

«Eso conlleva -ha enfatizado- la clasificación ideológica de los vocales como conservadores y progresistas. La incoherencia del CGPJ ha devenido contrario al espíritu constitucional al designarlos en razón del peso de los grupos políticos. Ahora, el nuevo CGPJ debe reforzar la institución y dar ejemplo al país en una época de intensa polarización que no debe extenderse a la justicia».

En ese sentido, ha dicho que un objetivo claro en el nuevo año judicial debe ser «despolitizar la justicia», puesto que en la actualidad se asiste a una «intoxicación del clima social» respecto a ella y muchos «entienden sus decisiones como politizadas y no imparciales».

Ha invitado a reflexionar sobre lo que ha definido como la «deslegitimación indiscriminada de uno de los pilares del Estado», porque a menudo, ha aclarado a renglón seguido, el respeto a ese pilar «brilla por su ausencia» y los jueces necesitan ese respeto y la independencia para trabajar. «Es una función que les han encomendado los ciudadanos».

A su juicio, la justicia es ahora «un elemento más de la lucha política y el juez, un jugador adornado con los colores de tal o cual partido. Eso genera desafección y siembra dudas», ha advertido, para añadir que es algo de lo que también se ha dado cuenta la Comisión Europea, que ha hablado sobre la «presión indebida» sobre los jueces y el riesgo de que eso «afecte a la confianza en la independencia judicial, una confianza que es un derecho de los ciudadanos, la merecen».

Los españoles, ha dicho en ese punto, están en su derecho de criticar a los jueces si les parece oportuno, no son intocables. «Criticar a los jueces debe verse como algo normal, aceptable y hasta recomendable«, ha puntualizado.

Por otra parte, Del Río también se ha referido a la necesidad de la «urgente definición de un nuevo modelo de justicia que la haga más útil y eficaz«, puesto que la actual tiene lastres como el alto índice de litigiosidad, la »enorme« carga de trabajo de los profesionales y la todavía incipiente puesta en marcha de la justicia digital.

Pero más que de número de nuevos jueces y funcionarios que harían falta, el presidente del TSJA ha hablado de la exigencia de transformar «unos esquemas organizativos, profesionales y procesales decimonónicos».

Ha detallado que, aunque el número de jueces en Andalucía se ha multiplicado por cuatro desde 1983, sigue habiendo carencias porque los litigios se han incrementado en un 20% en la última década. «Ese alto índice hace casi imposible la eficiencia de una administración de justicia en el contexto actual, muy diferente al del siglo XIX«, ha insistido.

Además de apostar por sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos, ha reclamado «mejorar las herramientas procesales y simplificar los procesos». Sí ha admitido que algunas medidas han contribuido a mejorar algo la situación, como el servicio de mediación penal que la Junta de Andalucía ha implantado en todas las capitales de provincia.

En cuanto a la digitalización, ha reconocido que se han dado pasos con sedes judiciales «integradas y funcionales», algo que ha sucedido en Sevilla o Lucena, pero en otros lugares, como la Costa del Sol, Algeciras, Cádiz, Jaén o Huelva, la situación se ha «enquistado».

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha destacado que, si su discurso del año pasado fue muy reivindicativo, en esta ocasión debía tener un tono más optimista puesto que se han producido «algunos avances que van a mejorar el funcionamiento de la Justicia».

En concreto, se ha referido a la implantación de la Oficina Fiscal en las fiscalías pendientes, lo cual «ha permitido aprovechar mejor los recursos e incorporar nuevos funcionarios». Además, ha incidido en que, aunque hay que continuar avanzando hasta la «plena implantación del expediente digital», en ese aspecto también se ha mejorado.

Pero sobre todo ha hecho hincapié en la incidencia que podrá tener el Plan de Infraestructuras Judiciales ideado por la Junta de Andalucía, que prevé invertir 1.500 millones hasta el año 2030 en mejorar y adecuar sedes en los 85 partidos judiciales andaluces. Es, ha dicho, un plan «ambicioso» que, en Granada, debe «resolver el problema de la dispersión de sedes y su concentración en una Ciudad de la Justicia».

Tárrago también se ha alegrado de que se haya resuelto la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, «una prolongada situación que no deseamos ver más y que ha tenido un alto coste en la reputación y la imagen de la Justicia».

La fiscal superior ha recordado que Andalucía es la tercera comunidad de España en ratio de litigiosidad por habitantes, lo que demuestra que sigue instalada aquí «una cultura del litigio frente a medidas de solución de conflictos por vía extrajudicial».

Ha lamentado, por lo demás, el crecimiento de la «nueva criminalidad», la persistencia de las bandas de narcotraficantes y de lacras como la violencia machista y ha puesto el acento en la situación de menores, «víctimas y agresores» que cada vez cometen delitos a menor edad, entre ellos agresiones y abusos sexuales.