Recibe amenazas de los okupas tras tardar siete años en echarlos de su casa de Granada: «Yo voy presa, pero te mato»

El desenlace no llegó hasta el 8 de octubre pasado, cuando fue desalojada por orden judicial una mujer llamada Matilde que estuvo ocupando desde 2017 su casa de dos plantas y 59 metros cuadrados. Apenas dos semanas después del desahucio, otro okupa irrumpió en la vivienda. La denuncia de Gaspar y una rápida actuación policial consiguieron que el nuevo asaltante terminara claudicando y abandonara el domicilio que había usurpado. Su abogado pactó una condena de cuatro meses de prisión y una indemnización de 500 euros por los daños ocasionados al reconocer que había cometido un delito de allanamiento de morada.

Edificada por el Ministerio de la Vivienda durante el régimen franquista para dar un hogar a familias con pocos recursos como la suya, la disputa por las cuatro paredes en las que Gaspar vino al mundo hace 55 años, valga la ironía, se ha convertido ahora en la causa de que quieran acabar con su vida. «Te voy a matar, yo voy a ir presa pero te tengo que matar», fue una de las amenazas que le profirió la mujer que se apropió de la casa, que insultaba a los propietarios cada vez que éstos intentaban persuadirla para que se marchara. Por las buenas no hubo manera.

La usurpadora, que decidió quedarse en la vivienda sin pagar un euro cuando el verdadero inquilino se mudó a una residencia de mayores, había convertido el inmueble en un «narcopiso», una especie de 'Fort Apache' que daba refugio a toxicómanos. La okupa de 64 años y con antecedentes policiales también hacía negocio alquilando habitaciones a 25 euros la noche, donde Gaspar sospecha que se ejercía la prostitución. La casa de la discordia fue adquirida por su padre a la Junta de Andalucía en el año 1995.

Desde 2018, cuando comenzó la cruzada judicial, hasta el pasado mes de octubre, Gaspar, su madre y su hermana no han dejado de formular denuncias por amenazas y allanamiento de morada ante la Comisaría de Policía Nacional de Granada. Pero la okupa «era escurridiza», declara. Aparecía y desaparecía como el Guadiana cuando la Justicia la reclamaba. Así pasaron siete años e infinidad de quejas y demandas en los juzgados. Escritos y más escritos. Los suficientes para empapelar las desconchadas paredes de la casa que acaba de recuperar. Se la ha encontrado en una situación tan paupérrima como la economía actual de este desempleado granadino, que se ha ganado la vida como ordenanza del ayuntamiento, auxiliar de vigilancia, barredero o operario en ferias de hostelería.

«Habían arrancado los premarcos de las ventanas, no hay puertas, ni alicatado en la cocina o el cuarto de baño. El patio está hecho polvo. Ni siquiera hay instalación de agua ni luz, que la tenían enganchada a la red pública», relata. La casa está destrozada y Gaspar no tiene dinero ni siquiera para poner una cerradura nueva en la puerta principal, porque la original había sido forzada para entrar. También rompieron la reja del comedor y teme que sea un coladero para futuros okupas. Al otro lado del teléfono se escucha la voz grave de este granadino como si enumerara un parte de guerra.

«Estoy desesperado y desprotegido. No tengo dinero ni para poner una cerradura. Pero no puedo dejar la casa sola porque se volverían a meter los okupas», se lamenta. Cada día repite la misma rutina. Comprueba que la puerta esté asegurada con un cierre que ha improvisado y sube a la planta de arriba para montar guardia. Así un día detrás de otro con el escalofrío metido en el cuerpo y enfrentado a un dilema imposible: «Si salgo me pueden matar, porque me han amenazado, y si me quedo dentro, también».

La falta de suministros básicos le está complicando su empadronamiento. Ha pedido ayuda a los servicios sociales del ayuntamiento porque su situación es de «extrema necesidad», pero por ahora no ha recibido respuesta.

Su máxima aspiración es conseguir una prestación o un trabajo, aunque sea esporádico, que le proporcione unos ingresos con los que reformar la casa y venderla en unas condiciones de habitabilidad mínima. «No quiero volver a perderla. La okupa ha estado viviendo gratis siete años y no hemos visto un duro. Me han destrozado la casa. Al menos merezco una indemnización. Pero como es insolvente, no le han pedido nada», se queja.

Gaspar clama contra el Gobierno central por su «dejación de funciones». Está haciendo recaer sobre los dueños la pesada carga de garantizar el derecho a la vivienda que debería ser preservado por las administraciones y no por los particulares a los que está cercenando su derecho a la propiedad. Para el Ejecutivo del PSOE y Sumar, algunos inquilinos no son okupas sino personas sin recursos a las que no se puede desahuciar porque la ley las ampara cuando son vulnerables.

Como Gaspar hay cientos de propietarios en toda España que se han agrupado en la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación que les brinda apoyo. Este afectado lo resume con palabras más llanas, preso de la indignación, porque lo está sufriendo en sus propias carnes. «El Estado está beneficiando a cinco delincuentes que se ríen de los propietarios. Yo he tardado siete años en echar a una okupa. Es una lástima. Así no se puede vivir».