Caso Maracena: el juez cierra la instrucción manteniendo al secuestrador y archivando la causa contra Berta Linares y Antonio García

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press y que tiene fecha de este martes, 9 de enero de 2024, decreta que solo sigue el caso contra la expareja de Linares, como supuesto autor material de la detención ilegal, dos delitos de amenazas, un delito leve de lesiones y un delito de lesiones psíquicas.

La citada resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación, que podrá interponerse por escrito en el juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido o del resolutorio del recurso de reforma. En caso de interponerse recurso de reforma previo o junto al de apelación, el plazo para su interposición es de tres días siguientes a la notificación del auto recurrido.

En el escrito, el juez analiza los antecedentes que llevaron a la investigación de la exregidora y Antonio García, llegando a la conclusión de que no existen indicios para mantener la causa por presunta inducción al secuestro.

Cabe recordar que estos hechos ocurrieron en la mañana del pasado 21 de febrero, después de que la entonces concejal dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada.

En un momento dado, ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil y aludió a la existencia de posibles irregularidades urbanísticas que pudieran motivar lo ocurrido.

La Audiencia de Granada ya revocó en noviembre de 2023 el auto por el que se abrió una investigación paralela por una presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de esta localidad al entender que las irregularidades denunciadas por la exconcejal socialista Vanesa Romero no quedan corroboradas en lo documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que, por tanto, las conclusiones policiales se basan en «meras sospechas» aportadas por su testimonio.