La Junta de Andalucía tramita el desahucio judicial de una huésped que lleva diez meses de okupa en su albergue de Granada

Hasta el momento, han fracasado todos los intentos de los encargados del albergue juvenil y de la Policía Nacional para que deponga su actitud y abandone el recinto situado en la calle Ramón y Cajal de la capital granadina. El asunto está en manos del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Granada, que está pendiente de un informe de la Fiscalía para autorizar la entrada en el centro público y su desalojo, según informaron a ABC fuentes de la Junta de Andalucía. Por ahora no hay fecha para el desahucio.

Entre tanto, la factura sin pagar que acumula la 'inquilina' ilegal de la habitación número 312 no deja de crecer. El pasado 7 de enero, un día después de la jornada de Reyes Magos, el personal del albergue le hizo llegar un nuevo requerimiento de abono.

La deuda contraída con el alojamiento que gestiona el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ascendía a 10.380 euros (IVA incluido) hasta el pasado 31 de diciembre.

El proceso para expulsar a la clienta okupa empezó el pasado 30 de septiembre, cuando el organismo autonómico publicó un anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con el objetivo de recuperar la posesión de la habitación que ésta ocupa ilegalmente durante casi diez meses. Y eso que había reservado solo para dos noches. Sin embargo, al día siguiente de dormir en el centro, les dijo a los trabajadores del albergue juvenil granadino que iba a acortar su estancia porque le parecía muy cara la tarifa.

La reserva de una noche para un adulto cuesta 42 euros en una habitación doble como la que ella ocupa. Lo que no esperaban los recepcionistas del alojamiento que gestiona la Junta es que su intención era quedarse más tiempo, pero gratis.

Los trabajadores se han acostumbrado a verla por allí desde entonces. Suele salir a dar una vuelta por la ciudad por la mañana y regresar al mediodía. Así hasta el día siguiente. Utiliza los servicios que funcionan con monedas —en este caso sí pasa por caja—, como la lavandería y la máquina expendedora de café. El personal tiene que andar con pies de plomo con esta huésped okupa porque a veces tiene salidas de tono y los increpa por cualquier motivo.

A través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada le ofrecieron ayuda porque es una vieja conocida en este departamento, pero no hubo manera de convencerla para que Mercedes hiciera sus maletas y dejara libre la habitación para otros alberguistas, según indicaron las citadas fuentes. No quiso saber nada de los funcionarios municipales y amenazó con atrincherarse en la habitación hasta que le ofrecieran otra alternativa habitacional. Agentes de la Policía Nacional también intentaron sin éxito que se mudara a otro lugar.

En vista de su actitud, la Junta emitió una orden administrativa de desalojo, pero la huésped se negó a recogerla en su único domicilio conocido desde hace ya casi diez meses, la habitación número 312. Y lo que queda.