Una juez ordena desalojar a la huésped que lleva casi un año de okupa en el albergue juvenil de la Junta de Andalucía en Granada

Mediante un auto dictado el pasado 28 de enero, al que ha accedido ABC a través de fuentes judiciales, la magistrada sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, Laura Martínez Diz, ha autorizado la entrada en la citada habitación del albergue situado en la avenida Ramón y Cajal de Granada para proceder a su lanzamiento «en el plazo de dos meses desde la comunicación de la resolución», periodo que está próximo a cumplirse.

Con el auxilio de las «fuerzas de orden público», la juez da luz verde al desalojo de la huésped que llegó con sus maletas el 27 de marzo de 2024, en plena Semana Santa, después de hacer una reserva para pernoctar dos días que ya suman 350 noches sin pagar. Los intentos de convencer a esta usuaria para que abandonara el centro por su propio pie han resultado infructuosos hasta el momento.

En vista de su resistencia a deponer su actitud, la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), el organismo dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que gestiona el albergue, solicitó al juzgado su desahucio y la recuperación de oficio de la posesión del inmueble usurpado mediante una resolución dictada el 11 de septiembre de 2024.

El juzgado ha ordenado el desalojo con la condición de que se comunique y coordine «previamente la entrada al domicilio con los servicios sociales correspondientes, al objeto de atender las situaciones de desprotección que pudieran producirse». La magistrada que firma la orden advierte de que la persona que se ha apropiado de la habitación doble número 312, de 53 años, padece problemas psiquiátricos «de los que se niega a ser tratada, por lo que había quedado fuera del régimen de protección social» del Ayuntamiento de Granada.

Como consecuencia, acuerda «autorizar» al IAJ para «ser auxiliada por las fuerzas de orden público, facultándose a éstas para utilizar todos los medios que requieran las circunstancias del lanzamiento, atendiendo siempre al principio de proporcionalidad». Contra su resolución cabía interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada.

Esta es la historia de una okupa atípica, cuyo perfil no se corresponde con el de las víctimas de las hipotecas abusivas. Al día siguiente de pasar su primera noche en el centro granadino, les comunicó a los trabajadores que iba a acortar su estancia porque le parecía muy cara la tarifa. Pernoctar una noche cuesta 42 euros a un adulto en una habitación doble como la que ella utiliza. Lo que no esperaban los recepcionistas del albergue autonómico es que su intención era quedarse más tiempo, pero de manera gratuita. Ha desatendido todos los requerimientos de abono que ha tramitado el IAJ. La deuda acumulada superaba los 10.000 euros hasta el pasado 31 de diciembre.

La convivencia con la 'huésped' okupa no está siendo fácil para el personal que gestiona el alojamiento porque, debido a sus problemas de salud mental, suele tener repentinas salidas de tono y los increpa por cualquier motivo. Utiliza los servicios que funcionan con monedas —en este caso sí pasa por caja— como la lavandería y la máquina expendedora de café.

A través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada le ofrecieron ayuda porque es una vieja conocida en este departamento, pero rechazó su auxilio, así como dejar libre la habitación destinada a alberguistas, que no está concebida para fines sociales. No quiso saber nada de los funcionarios municipales y amenazó con atrincherarse en la habitación hasta que le ofrecieran otra alternativa habitacional. Agentes de la Policía Nacional también han tratado que se mudara a otro lugar sin lograrlo. La solución pasa ahora por una orden judicial de desahucio cuya ejecución será inminente.