Caso Juana Rivas: Irene Montero asegura que el menor corre un «grave riesgo» si vuelve a Italia con el padre

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la exministra de Igualdad ha defendido que el niño tiene que ser escuchado por el Estado y por el sistema de justicia. «Solo lo ha hecho en una ocasión, y cuando se le ha escuchado, fue el juzgado de Guardia 4 de Granada que, tras escucharle, suspendió la entrega al padre», ha señalado.

Montero ha destacado que «Daniel es un niño de 11 años que es el principal testigo en un juicio que tiene su padre en septiembre, acusado de malos tratos». «El padre de Daniel está acusado de malos tratos a Daniel y a su hermano en Italia, y el niño es el principal testigo. Entonces, si Daniel vuelve a Italia con su padre es evidente que corre un grave riesgo», ha alertado.

«Es muy difícil de entender que la justicia de nuestro país haga que este niño vaya a convivir con el padre contra el que tiene que declarar en unos meses y que llegue en septiembre al juzgado de la mano del hombre contra el que va a declarar en ese juicio», ha manifestado.

La exministra ha añadido que «todos los tratados internacionales, desde la Convención de Derechos del Niño, pasando por la excepción del Convenio de la Haya, los reglamentos europeos, la Ley de lucha contra la violencia contra la infancia, dicen que lo primero es el interés superior del menor».

«El Estado es el responsable de la vida y del bienestar de Daniel y de garantizar sus derechos y, por tanto, no se debe producir esa entrega si supone un riesgo para su vida o para su salud, o para su salud física o para su salud psíquica», ha insistido, para después añadir que «el propio niño está diciendo con claridad que tiene miedo, que su padre le ha amenazado de muerte, que le pega, que le maltrata, y eso es suficiente indicio como para que no se produzca esa entrega».

De este modo, Irene Montero ha subrayado que «si el Estado y el Gobierno y el sistema de justicia permiten que Daniel se vaya con su padre y le exponen a ese riesgo, el Estado va a ser responsable de lo que le pase hasta el punto de que ya ha sido condenado en una ocasión por Naciones Unidas y ha asumido en dos ocasiones su responsabilidad en el asesinato de tres niñas, las hijas de Itziar Prats y de Ángela González Carreño, que les pasó algo muy parecido».