Granada vive expectante el segundo intento de que el hijo menor de Juana Rivas vuelva a Italia con su padre

Todo lo que se sabe es que será «un sitio íntimo y neutral», adecuado para que el menor, de once años, esté cómodo y sin más personas presentes que las estrictamente necesarias. Esos extremos se los ha dejado muy claros a las partes en litigio el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que les ha advertido de que no deben incumplir sus órdenes.

De esta forma se quiere evitar lo sucedido el pasado martes en el Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía en Granada, donde, para resumirlo en pocas palabras, todo salió mal. Allí se acudió para lo mismo, para que Daniel fuera entregado a su padre, que tiene la custodia sobre el niño. Pero no se quiso forzar nada, la situación no era ni mucho menos la idónea.

Se dijo con mucha antelación además, dónde y cuándo se iba a realizar la entrega. En consecuencia, el punto de encuentro era desde primera hora da la mañana un hervidero de medios de comunicación armados con cámaras y grabadoras. En esas circunstancias tan incómodas se presentó Daniel, aunque no lo hizo solo. Iban con él su hermano mayor, su madre, su asesora legal, familiares... Un séquito que tampoco hizo mucho por pasar desapercibido.

Dentro se observaron una serie de irregularidades, según detalló el equipo técnico del punto de encuentro al Juzgado de Instrucción número 3, que en consecuencia pide que se extreme la prudencia. Sabia decisión que adoptó el miércoles y que se antoja más sabia aún, porque los acontecimientos no han dejado de sucederse.

Por empezar por algún sitio, hay que hablar de la presión. El Gobierno admite que el Ministerio de Justicia está haciendo «gestiones» para que el paso no se dé, para que Daniel Arcuri Rivas se quede con su madre. Tanto el titular de ese departamento, Félix Bolaños, como las de Juventud e Infancia (Sira Rego) e Igualdad (Ana Redondo) se han pronunciado a favor de que el niño se quede en España al menos hasta que se resuelva el juicio por presuntos malos tratos que tiene pendiente Francesco Arcuri, previsto para el 18 de septiembre.

Esas gestiones de Justicia, encaminadas a dar antes de la entrega una «respuesta razonada en Derecho», se reconocen después de recibir una carta remitida por el Ayuntamiento de Maracena, donde vive Juana Rivas. Hablando de cartas, el hermano mayor del pequeño, llamado Gabriel, las ha escrito «a cualquier organismo pertinente en España» para que entre todos se consiga el objetivo de que Daniel siga aquí.

El joven, de 19 años, aduce que su padre los ha maltratado a los dos. Y aporta ejemplos muy gráficos. Espera, dice, que lo condenen. Su padre contesta recordando que nunca hasta ahora ha prosperado ninguna de las denuncias que ha habido contra él y vuelve a tildar a su exmujer de «manipuladora».

El de ayer fue otro día agitado desde el punto de vista judicial. Aunque el mencionado informe del equipo técnico del punto de entrega no deja en buen lugar a Gabriel Arcuri por su comportamiento del martes, éste ayer presentó una querella contra su padre y contra la psicóloga que le acompañó, porque habrían intentado «doblegar» la voluntad del menor y que «admitiera de buen grado» que quería irse. Por ese motivo, pide que hoy no se produzca la entrega.

Sin embargo, el contraataque no vino esta vez de la mano de su progenitor sino de la Audiencia Provincial de Granada, que en un auto también emitido precisamente ayer ordenó diligencias de investigación contra Juana Rivas por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores.

Es por eso por lo que la condenaron en 2017. Cuando el Gobierno le concedió el indulto, se le advirtió de que no podía volver a cometer ese mismo delito hasta finales de 2025. Cinco meses antes de que finalice el plazo, se cierne sobre ella esta nueva sospecha.

La Audiencia la fundamenta así: Juana Rivas podría haber sido perfectamente consciente de que en enero de 2025, tras pasar en Granada las vacaciones de Navidad, debía regresar con su padre. Pese a saberlo, no lo hizo. Se escudó en unas medidas cautelares emitidas por el Juzgado de Instrucción número 4 un día antes del previsto para la partida. El auto de la Audiencia, por cierto, resalta que esas medidas cautelares son al menos «precipitadas».

El motivo: esa jueza que las dictó sabía o debía saber que había dos sentencias emitidas en Italia que, por decirlo suavemente, ponían en duda la buena fe de Juana Rivas, una mujer que habría intentado «romper el vínculo» de los hijos con su padre mediante el procedimiento de «oscurecer» la figura paterna y utilizar a sus descendientes en la larga batalla judicial que mantiene con quien fue su marido.

Conclusión: que si hoy van a hacerse las cosas de manera muy íntima, con mucho sigilo y precaución, se cumplirá ese dicho que asegura que después de la tempestad viene la calma. Porque el día de ayer fue cualquier cosa menos tranquilo.