Granada presentará hasta tres recursos en el Supremo por su exclusión como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial
El Ayuntamiento ya ha presentado su recurso, que se une al ya admitido por el Tribunal Supremo desde una asociación civil
La Universidad de Granada pondrá uno propio por su parte para presionar al Gobierno
Sánchez abre una brecha en el municipalismo socialista con la ubicación de las sedes tecnológicas nacionales
Granada sigue con paso decidido su batalla en los tribunales tras la elección de La Coruña como sede de la nueva Agencia de Inteligencia Artificial por parte del Gobierno a finales del pasado año. La sensación de «agravio» que se hizo explícita en las instituciones granadinas, que confiaban en su candidatura para llevarse la sede, esperaba su traducción a los juzgados desde, prácticamente, el primer momento en que saltó la noticia.
Sobre todo por parte del ayuntamiento de la capital, que había personalizado en la figura de su alcalde, el socialista Paco Cuenca, la victoria o no en el proceso de selección. Este pasado viernes, el consistorio granadino formalizó su recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros. La petición, trasladan desde el equipo de gobierno municipal, es la de «pedir transparencia» en un proceso donde, a pesar de que se trataba de una decisión meramente política, desde el Ayuntamiento se esperaba una puntuación técnica del mismo.
No ha sido sin embargo el primero ni el último de los recursos que ha recibido y recibirá el Alto Tribunal en estos meses. Además de este, la Universidad de Granada ha avanzado que pondrá igualmente su propio recurso. Esto, unido al ya interpuesto y aceptado a trámite por el Supremo hace ahora dos semanas desde la plataforma Juntos por Granada, son tres recursos judiciales los que por el momento se cuentan frente a la elección de la ciudad gallega por parte del Ejecutivo.
En el caso del ente universitario, apuntan desde la UGR, las conversaciones mantenidas con los gabinetes jurídicos de las distintas instituciones granadinas, abogaban por un ese recurso propio con el fin de redoblar la presión frente al Gobierno. No se trata de una desunión en la acción conjunta de las instituciones, sino de una estrategia pactada.
Expediente
El objetivo primordial es que el Gobierno haga público el expediente administrativo de la selección completo. Esto ya Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cuando admitió a trámite el pasado 25 de enero el primer recurso de 'Juntos por Granada', requirió el documento al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en un plazo «improrrogable» de 20 días.
La diferencia entre los recursos de unos y otros, a la espera de conocer exactamente lo que presente la Universidad, está en la petición de medidas cautelares. El Alto Tribunal acordó la formación de una pieza separada para ello, después de que la asociación granadina solicitara la suspensión cautelar de la designación de La Coruña como sede de la agencia hasta que se resuelva este procedimiento. Por su parte, el Ayuntamiento no las ha pedido. Su objetivo, insisten, está en ese proceso de «transparencia» y no se quiere ir «contra nadie», apuntan.
La decisión tomada por el Gobierno abrió una brecha en los gobiernos municipales socialistas que concurrían para hacerse con estas agencias de nueva creación. Tanto la alcaldía de La Coruña como la granadina son socialistas, pero la apuesta desde Madrid viró hacia el norte. En el fondo, tal y como comentan diversas fuentes de la candidatura, faltó todo el trabajo de 'fontanería' política que el Ayuntamiento de La Coruña sí tuvo y que Granada apenas transitó.
Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno de escoger a Sevilla, también con alcalde socialista, como sede de la Agencia Aeroespacial fue definitiva para que Granada, otra capital andaluza, no formara parte del reparto. La iniciativa de descentralización del Estado por parte del Gobierno repartía una agencia al sur del país y otra al norte.
La situación, sea como fuere, ya pasada al plano eminentemente judicial, tiene pocos visos de llegar a puerto, según apunta fuentes jurídicas a este periódico. Solo podría retrasar el proceso de adjudicación a la ciudad gallega como sede, circunstancia que el Supremo valorará próximamente, y que, no obstante, tiene igualmente pocas posibilidades de producirse.
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