La exconcejal secuestrada en Granada declara como testigo sobre una presunta trama urbanística

Romero ha prestado declaración en relación a dos de los expedientes que están bajo el foco de la investigación y ha sostenido que en su tramitación se produjeron irregularidades. Uno de ellos es relativo a la concesión de unas licencias respecto a unos talleres y el otro sobre una asignación mensual a «coordinadores del grupo municipal», según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La edil no ha testificado aún sobre el que podría ser el expediente central y más sustancioso de la investigación, vinculado a la construcción de una gasolinera en el municipio, según han precisado las mismas fuentes.

Estas diligencias son al margen de la investigación ya abierta por el secuestro y se refieren a tres expedientes de licencias urbanísticas firmadas o autorizadas por la entonces alcaldesa, Berta Linares (PSOE). Por ello, el Juzgado le ha ofrecido la posibilidad de personarse en la causa con el fin de que esté al tanto de cada una de las diligencias y toma de declaraciones testificales que se vayan a practicar por si de las mismas resultaran ilícitos penales en su contra.

Aunque las pesquisas llevadas a cabo por la policía concluyeron con la posibilidad de que las irregularidades urbanísticas afectaran a un total de cinco expedientes, finalmente el Juzgado instructor ha reducido el número a tres dado que los otras dos han prescrito ya. El Juzgado también ha reclamado al Ayuntamiento de Maracena la remisión de documentación urbanística relativa a los expedientes bajo investigación.

Vanessa Romero ha venido manteniendo la existencia de algunos expedientes de urbanismo que, según declaró al inicio de la instrucción, «afectaban negativamente a Noel López durante su etapa como alcalde« y se refirió también a presuntas irregularidades en expedientes del Ayuntamiento y a que el día del secuestro, el pasado 21 de febrero, »tenía documentos acreditativos guardados en el maletero de su vehículo«.

Por su parte, Berta Linares ha sido citada a declarar el próximo 12 de julio como investigada en el caso del secuestro y también el que fuera edil de Urbanismo en el momento de los hechos, Antonio García. Ambos por su presunta participación en la inducción de la detención ilegal de la entonces concejal. Por este asunto permanece en prisión provisional el presunto autor de los hechos, Pedro G. R., que en ese momento era pareja sentimental de Berta Linares, la cual renunció a principios de junio a su acta tras la exposición mediática y el «desgaste personal» que le ha supuesto este caso.