Detenido por quebrantar otra vez la orden de alejamiento el mando policial de Granada acusado de maltratar a su mujer

La detención se produjo ayer por la tarde y la llevaron a cabo agentes de la Policía Nacional. El motivo: el subinspector, que sigue estando de servicio y que de hecho fue nombrado a finales de abril jefe de estudios de la Policía Local, se había quitado la pulsera telemática. Llevaba dos días sin ella, de hecho. Y sin esa vigilancia, se acercó a menos de 500 metros de la que fue su pareja, que es la distancia de seguridad acordada por vía judicial.

Víctor G.B. ha pasado la noche en dependencias de la Policía Nacional y ha sido trasladado por la mañana al mencionado juzgado. Aunque algunas fuentes dieron por hecho que sería enjuiciado por el procedimiento de juicio rápido, las fuentes consultadas por ABC han asegurado que no ha habido juicio sino únicamente toma de declaración.

Las fuentes judiciales con las que ha hablado este periódico han resaltado que tanto el quebranto de la orden de alejamiento como el hecho de haberse quitado la pulsera telemática no son hechos nuevos, sino incumplimientos que ha realizado «de forma reiterada». Es al menos la cuarta denuncia que recibe por no respetar la distancia.

Han advertido, además, de que el subinspector no sólo está acusado de maltratar a su mujer, sino también a sus dos hijas, una de ellas menor de edad. La orden de alejamiento se dictó después de que la mujer, con la que está en trámites de separación, presentara el 20 de julio de 2023 una denuncia contra él por supuestos malos tratos en el ámbito familiar.

Pese a todo, sigue de servicio. El Ayuntamiento de Granada ordenó retirarle las armas y que no hiciera trabajo en la calle sino en oficinas. Su nombramiento como jefe de estudios de la Policía Local, según recalcaron en su momento fuentes municipales, no fue «en ningún caso un ascenso o un privilegio».

En relación con este caso, se debe recordar que al menos tres agentes de la Policía Local están siendo investigados por presunto espionaje. Se sospecha que entraron hasta en setenta ocasiones en el sistema Viogen de protección a mujeres víctimas de malos tratos, supuestamente por orden de su superior y para saber qué medidas se habían adoptado contra él por vía judicial. El pasado lunes, la Subdelegación del Gobierno les retiró el permiso de consulta en Viogén.