Ayuntamientos socialistas de Granada se unen a última hora contra la Zona de Bajas Emisiones de la capital

Los servicios jurídicos, según ha informado el Ayuntamiento de Gójar, consideran que el procedimiento seguido en la capital granadina, con gobierno local del PP, para el diseño de la ZBE «es irregular y amenaza directamente la vida cotidiana de miles de vecinos del área metropolitana». El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, del PSOE, ha subrayado que el consistorio «no se ha limitado a presentar alegaciones, sino que ha dado un paso más para frenar una normativa que, de aplicarse tal y como está planteada, generará graves perjuicios a nuestros vecinos».

Prieto ha precisado que comparte el objetivo de fondo de mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire, «algo en lo que todos estamos de acuerdo», pero ha recalcado que «el problema está en el procedimiento seguido: no ha habido un estudio previo riguroso que analice cómo esta medida va a afectar desde el punto de vista socioeconómico a la realidad metropolitana«.

En este sentido, el regidor ha reclamado una reflexión profunda sobre el modelo de movilidad para Granada y su entorno, de forma que se busque un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, cohesión social y viabilidad económica. «Desde luego, tenemos que mejorar el transporte público y trabajar en alternativas reales que ofrezcan soluciones antes de imponer restricciones que afectan a miles de ciudadanos», ha subrayado.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Gójar sostiene que la ZBE aprobada «carece de la coordinación necesaria con los municipios colindantes, ignora el Plan Metropolitano de Transporte Sostenible de la Junta de Andalucía y discrimina a los vehículos en función de su procedencia, sin valorar su verdadero impacto ambiental«.

Gójar se une así a otros municipios como Maracena y Armilla, con los que tiene en común su cercanía -los dos pertenecen también al Área Metropolitana- y que sus ayuntamientos están gobernados por el PSOE. Armilla, con 25.000 personas censadas y contigua a la capital, presentó alegaciones contra la citada ordenanza el pasado mes de febrero. Maracena, donde están censadas 22.000 personas y que también linda con Granada, anunció en agosto que recurriría a la vía del contencioso.

En el caso de Armilla, su consistorio alegó que serían unos cinco mil los vehículos locales que no podrían entrar en Granada, expuso que la medida podría no ser constitucional porque discrimina a unos ciudadanos por su lugar de residencia y añadió que la aplicación de la ZBE afectaría negativamente a la economía local.

Maracena también presentó alegaciones, además de presentar dos mil firmas de ciudadanos, y, ante la «ausencia total de respuestas», anunció que iría a los tribunales por entender que las normas no habían sido bien explicadas. «Lo único que tienen claro los vecinos es que habrá multas», resumió su alcalde, Carlos Porcel.

La normativa, añadió entonces, «discrimina a quienes no están empadronados en la capital, de manera que un coche de veinte años de una persona que esté censada en Maracena no puede acceder a la capital, pero si lo está allí, entonces sí puede sin problemas«. Dijo también que no se habían explicado bien las excepciones -por motivos de trabajo o de acceso a hospitales, por ejemplo- y que tampoco se sabía »cómo se iba a acreditar que se usaba el coche para ir a Granada por cuestiones de ocio o cultura«.

El PSOE de la provincia también ha protestado. Pedro Fernández, que además de delegado del Gobierno en Andalucía es secretario general del partido en Granada, pidió este 23 de septiembre una «moratoria» del ayuntamiento hasta que se alcance un «consenso» con los pueblos del cinturón. También entiende que se vulnera «el principio de igualdad».

En la capital, los socialistas han usado otro argumento: la Zona de Bajas Emisiones no va a acabar con la contaminación, que obviamente debe ser el objetivo principal. Mientras que el ayuntamiento asegura que con esas limitaciones se puede reducir hasta en un 83%, el viceportavoz del grupo municipal del PSOE, el exalcalde Paco Cuenca, expone un nuevo informe que alerta del riesgo que la polución causa a la población.

«Incrementa los infartos y la mortalidad durante los ingresos hospitalarios», asegura ese informe, que desde luego no es el único que advierte sobre el alto nivel de contaminación de Granada, algo que nadie pone en tela de juicio. Granada es, tras Madrid y Barcelona, la tercera capital española con un nivel más alto.