La Fiscalía pide que sólo se impute al líder de los presuntos abusos a menores en Granada

En un escrito, del que informa en un comunicado remitido a los medios, el Ministerio Público responde así al requerimiento que hizo el titular del juzgado, el magistrado Antonio Moreno, el pasado 27 de enero, en un auto en el que levantaba el secreto de sumario y daba diez días de plazo a las partes personadas para que se pronunciasen sobre la posible prescripción de los delitos, en una causa que por ahora tiene doce imputados, diez de ellos sacerdotes y dos seglares.

La Fiscalía «comparte la calificación jurídica realizada por el magistrado instructor», que consideró que los hechos denunciados podrían constituir infracciones penales por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, algunos con prevalimiento, aunque considera que «únicamente los hechos constitutivos del delito de abuso sexual con penetración y prevalimiento puede considerarse perseguible, al estar señalada para el mismo una pena superior a los cinco años, de acuerdo con el Código Penal vigente a la fecha de conclusión de los hechos, 2007».

Con arreglo a las conclusiones anteriores, advierte de que el único imputado del mismo, de acuerdo con las manifestaciones del primer denunciante -el que llevó su caso ante el Papa Francisco- es el padre Román M.V.C.

No obstante, el fiscal encargado del caso, Francisco Hernández, advierte de que sus conclusiones «no suponen la valoración definitiva de los hechos» sobre el fondo del asunto, sino que es únicamente la contestación dada a la cuestión planteada por el Juzgado.

De hecho, incide en que su calificación definitiva dependerá, en primer lugar, de la «valoración crítica» de todo el material probatorio practicado y por practicar y «de la propia evaluación que efectúe el fiscal en el momento procesal oportuno, si éste llega a darse en atención a aquella valoración judicial previa que así lo acuerde».

De su lado, el abogado del padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo de sacerdotes que han sido denunciados por abusos sexuales, ha pedido al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso, que considere prescritos los posibles delitos, advirtiendo además de que no hay «base probatoria ninguna» contra los hasta ahora 12 imputados.

Así lo ha hecho constar el letrado Javier Muriel, que representa al padre Román, a dos sacerdotes más y a un profesor de Religión –los únicos que fueron detenidos por este asunto–, ha considerado que no existe prueba alguna contra sus defendidos, que han mantenido desde el primer momento su inocencia ante las denuncias, la primera de ellas de un joven que llevó su caso hasta el Papa Francisco y que recibió su apoyo explícito tras conocer su relato por carta.

Por otro lado, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), personada como acusación popular en el caso, sostiene una posición completamente contraria en su escrito de alegaciones presentado este lunes en el Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que los hechos no sólo no están prescritos, en lo referente a dos de las cuatro posibles víctimas, sino que no deberían ser considerados como un posible delito de abusos sexuales, sino como «verdaderas agresiones sexuales», e incluso como un «delito de violación», en algunos casos continuados.