Granada pone cerco al grafiti

No obstante, se está dando un paso adelante en la lucha contra esta práctica que tiene su particular zona cero en el centro de una ciudad histórica como Granada, donde no hay fachada, ni pared, ni muro que no tenga una marca de estos vándalos. La labor policial se centra, además de detener a los autores en la comisión del delito, en recabar un extenso archivo de imágenes de los grafitis para identificar a sus responsables. «Actualmente no se ha identificado a ningún grafitero nuevo», indica Ruiz que resalta el «buen trabajo» que hace la veintena de agentes de la brigada policial especializada en este asunto.

Desde el consistorio advierten que, a pesar de haber puesto cerco a muchos de estos vándalos, se siguen viendo en la ciudad muchos edificios con firmas, borrones de pintura o mensajes reaccionarios. «Los vecinos no quieren gastarse el dinero en pintar sus fachadas ante el temor de que vuelvan a ensuciarlas», reflexiona Ruiz. La última oleada de grafitis apareció en varios enclaves céntricos (incluidas iglesias y edificios públicos como el Registro de la Propiedad) en torno a la temática del aborto. «Sumisa ni en tu misa», alega una pintada con claro contenido anticlerical. Y es que ni los muros de la Catedral se han salvado de esta plaga de borrones que inundan la ciudad, y todavía hay pintadas en la torre del campanario. Recientemente, sí se ha limpiado la fachada de la Seo que da a la Gran Vía granadina y que contenía ante la vista de turistas y viandantes mensajes como el de una declaración de amor con un gran corazón de color rojo.

Pero la acción de la Policía Local no es suficiente para detener esta avalancha de grafitis por lo que las sanciones y las denuncias se implantaron como métodos disuasorios para sus autores. La sanción administrativa, por ley, nunca supera los 3.000 euros pero si el daño es causado contra el patrimonio histórico los responsables de las pintadas pueden tener un castigo de entre uno y tres años de cárcel, además de pagar la reparación del lugar dañado. No han sido pocos los casos en los que el grafitero ha sido obligado a limpiar su «obra».

La última denuncia por atentado contra el patrimonio histórico fue interpuesta por el Decanato de la Facultad de Derecho tras aparecer varias proclamas con la firma de la CNT en su sede principal de la Colegiata de San Pablo, en la céntrica plaza de la Universidad. El decano, Miguel Olmedo, lo ha dejado claro, «estudiaremos personarnos como acusación particular para que el sindicato se responsabilice de los gastos de la reparación de los daños causados». Precisamente, esta facultad es de las instituciones más dañadas por los grafitis y cada vez que limpian de pintadas la fachada de su sede le cuesta a la Universidad de Granada 600 euros.

La instalación de cámaras en este centro así como en otras sedes institucionales de la ciudad ha disuadido a estos vándalos, pero sus marcas persisten en una ciudad eminentemente turística y con un patrimonio histórico considerable. Queda mucho grafiti que limpiar.