La gran familia del PSOE en la fundación Faffe: enchufes con dinero público y sin castigo penal

Los lazos de parentesco y amistad entre los empleados de la antigua entidad de la Junta de Andalucía no conocían límites. Se podría dibujar un frondoso árbol genealógico con los más de 200 vínculos que la Guardia Civil halló entre altos cargos y dirigentes de los sindicatos y, sobre todo, del PSOE en esta fundación disuelta en 2011 e investigada judicialmente por enchufismo y uso fraudulento del dinero público. Ocurrió cuando el PSOE era el partido hegemónico en las instituciones y el poder omnímodo —con todo lo que representa—, la argamasa que selló su perpetuación hasta 2018, durante casi 37 años de autonomía.

Mientras más de un millón de andaluces, más de una cuarta parte de la población activa, hacía cola en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por los estragos de la anterior crisis, el 'buen patrón' de la fundación creada por el Gobierno de Manuel Chaves(PSOE) en 2003 para impartir formación a los parados, se dedicaba a inflar su plantilla.

Fernando Villén, que desde 2008 a 2010 formó parte de la Ejecutiva regional del PSOE, cayó presa de un delirio empleador que no reparaba en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que debían regir los procesos de selección, según la Ley 10/2005 de Fundaciones públicas de Andalucía. Ése no fue su único pecado, pues acaba de ser condenado a seis años de prisión por gastarse dinero público en prostíbulos.

Ironía del destino, la mayoría de los enchufados continúa trabajando hoy en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Fueron recolocados en la agencia pública que gestiona las oficinas del paro en la comunidad en mayo de 2011, al día siguiente de disolverse la Faffe, gracias al proceso de reordenación de sector público que acometió el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE). A pesar de que fueron contratados, según la investigación policial, por el mero hecho de pertenecer a unas siglas políticas, al círculo próximo del que mandaba, ya fuera como afiliado o allegado al partido, la Justicia se ha quedado sin armas para removerlos de los puestos que ganaron incluso días antes de la extinción del ente.

Al hilo de la causa abierta por enchufismo en la Faffe contra Francisco Camas, concejal socialista de Jerez de la Frontera en el pasado mandato, la Fiscalía Anticorrupción ha determinado que el delito de prevaricación, cometido con su contratación «arbitraria» el 1 de julio de 2003, está prescrito porque han transcurrido más de diez años, el plazo máximo para perseguir la infracción desde que ésta se cometió hasta que el PP la denunció el 6 de junio de 2019.

El anterior Gobierno del PP y Ciudadanos desistió de despedir a los empleados de la Faffe en la anterior legislatura porque temía enfrentarse a un aluvión de recursos en los tribunales y al pago millonario de indemnizaciones debido a la oleada de ceses en el SAE.

El fiscal Fernando Soto pide el archivo de la causa contra Francisco Camas. En un escrito dirigido al juez instructor, José Ignacio Vilaplana, esgrime que tampoco se le puede imputar una malversación porque «con peor o mejor rendimiento», el investigado, que estaba cobrando el subsidio por desempleo el día anterior a su contratación, sí acudía su puesto de trabajo.

La misma suerte «han corrido otros procedimientos similares a este en el seno de la Faffe», que se han saldado con un sobreseimiento, recuerda el fiscal. Es el caso del exalcalde socialista de Montellano (Sevilla) Francisco Aguilera, enchufado en la fundación pocos meses tras perder las elecciones municipales de 2003. Según coincidieron varios compañeros suyos, éste se dedicaba a «dormir» y «leer la prensa» en su trabajo.

Durante la investigación del fraude de la formación en Andalucía, en el que el modus operandi de la Faffe (contratos a dedo, enchufismo, desvío de ayudas y pagos en burdeles) ha dado lugar a un sumario aparte de corrupción en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, un antiguo docente de la Faffe declaró a la Guardia Civil que la entidad pública era «un nido para pagar favores políticos».

El problema es que los antiguos gestores de la fundación dejaron todo tan atado y bien atado que, doce años después de su extinción, ni la Justicia puede saldar cuentas con quienes crearon y se beneficiaron de ese nido de nepotismo.