El Gobierno silencia a Andalucía en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Desde la Consejería de Igualdad de la Junta se ha denunciado a ABC que el Gobierno ha silenciado así la voz de Andalucía en un tema tan importante como la violencia machista y que tanto está golpeando a esta región. «Andalucía no ha podido tomar la palabra, como estaba previsto porque el presidente Sánchez tenía otro acto luego. En cambio, sí han podido hacerlo hasta cuatro ministros y dos secretarios de Estado», aseguran desde dicha consejería.

Según Igualdad, además de Pedro Sánchez han intervenido cuatro ministros: la de Igualdad, Ana Redondo; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Presidencia, Félix Bolaños; y la de Juventud, Sira Rego; así como los secretarios de Estado de Igualdad y Trabajo, además de un cargo del Ministerio de Sanidad.

Desde la Junta se aclara que igualmente han podido exponer sus propuestas y demandas los representantes de Asturias y Navarra, ambas gobernadas por el PSOE, y la de Aragón, en manos del PP, quedando fuera, además de Andalucía, Valencia y Baleares, también del PP. Son, junto con la Ciudad Autónoma de Ceuta y País Vasco las convocadas, aunque estas últimas dos no han asistido.

«Nos han dejado sin voz. Para el Gobierno de Andalucía ha sido una utilización partidista del Observatorio, que este martes ha sido escenario para el autobombo del presidente Sánchez y su Gobierno, silenciando la voz de comunidades como la nuestra», ha indicado a este diario la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, que ha acudido al encuentro en Moncloa en representación de Andalucía.

Además, critica que los fondos destinados este año al Pacto de Estado contra la Violencia Machista no experimentan incremento alguno para Andalucía y ascienden a 160 millones, la misma cuantía que el año pasado pese a 17 mujeres fueron asesinadas en la región por sus parejas o exparejas. «Seguimos reclamando que se incorpore un nuevo criterio a la hora del reparto de estos fondos para que tenga en cuenta el número de víctimas. Es un criterio sensato y lógico».

Y es que precisamente, Andalucía iba a utilizar su turno de palabra, de tan sólo un minuto según el protocolo enviado por Presidencia del Gobierno, para volver a reclamar una revisión al alza de dichos fondos contra la violencia machista, como viene haciendo la consejera de Igualdad, Loles López, desde que asumiera esta responsabilidad en el Gobierno de Juanma Moreno.

Se trata, según las mismas fuentes, de una revisión «necesaria a fin de adaptarlos a la nueva realidad de esta lacra, con un repunte de la violencia vicaria y la aparición de nuevas vías como la ciberviolencia y el ciberacoso que tanto preocupan a la sociedad española y que afectan a mujeres cada vez más jóvenes».

«Sólo disponíamos de un minuto pero al final no hemos tenido ni eso porque el presidente Sánchez tenía otro acto al que acudir», denuncia a ABC Olga Carrión. «Andalucía viene realmente decepcionada de este encuentro en el que el presidente del Gobierno no ha planteado ni una sola medida nueva desde el punto de vista legal ni a corto, ni medio ni largo plazo, ante una situación tan grave como la actual y con datos tan preocupantes de violencia vicaria en nuestro país. Lamentablemente, en lo que va de año son ya siete los menores asesinados por violencia vicaria. El Observatorio debería ser un órgano para analizar y debatir la situación actual, revisar los últimos casos y escuchar a las comunidades autónomas, que tenemos muchísimas competencias. Sin embargo, se nos ha negado la palabra», ha agregado tras regresar de Madrid.

La directora del IAM ha incidido en que es necesaria una revisión y renovación del reparto de los fondos de Estado contra esta lacra. «Este pacto ya está caduco y es un brindis al sol. Precisa de un análisis y un balance técnico serios ante lo conseguido y los retos que tenemos por delante. La foto está muy bien y la voluntad política también pero lo que hace falta es dar pasos en firme».

Desde el Gobierno andaluz se defiende la necesaria unidad de todas las administraciones, agentes sociales y sociedad para poner fin a la violencia machista, por lo que se denuncia «la utilización política y partidista del Observatorio». Para la Junta, esta actitud, además supone «un desprecio al trabajo y el compromiso de las comunidades autónomas», sobre las que recuerda recaen buena parte de las competencias en la lucha contra la violencia machista y atención a las víctimas.