El Gobierno plantea ofrecer fincas lejos de Doñana a los agricultores

Estas nuevas tierras de cultivo vienen a solucionar el problema central de la polémica sobre la ley de reordenación de regadíos, que enfrenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al de Juanma Moreno: qué hacer con los agricultores que iban a recibir la calificación de regadío para sus fincas, algo que tanto la Unión Europea como el propio Gobierno central miraban con recelo.

La solución además va en la línea de lo que anunció la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la pasada semana. «No vamos a comprar ni un metro cuadrado», señaló la responsable del área. Y, según confirman desde Bruselas, no será así.

Está por ver que los agricultores, sin embargo, acepten esta opción. Justo el miércoles pasado la comisión de alto nivel participada por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mantuvo una reunión con ellos para escuchar cuáles eran sus reivindicaciones y conocer su punto de vista.

A ese canje de fincas, que podría echar mano del banco de tierras que tiene la Junta, señala Gálvez, se suman otras propuestas como la apuesta por la energía renovable. El presidente del Gobierno en funciones indicó el pasado fin de semana desde Granada que el hidrógeno verde podría ser la clave de la reindustrialización de Andalucía. Y en Huelva o cerca hay ya dos plantas de este tipo. Gálvez confirma que los tiros del plan para el parque pueden ir por ahí. Sobre la mesa hay 356 millones de euros, recuerda.

Sobre ese dinero comprometido por el Gobierno central, el PP europeo se pregunta su origen. ¿De dónde vendrá? ¿Serán fondos propios? ¿De cohesión? ¿Partidas reprogramadas?

Desde Bruselas se sigue este asunto con el mayor de los intereses. Porque la polémica sobre el espacio natural andaluz se trasladó a la capital europea en los primeros compases del pasado verano. De hecho, en el corazón de Europa se han librado alguna de las batallas de la guerra entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo central. Los diputados del PSOE y del PP trasladaron a la Eurocámara sus desavenencias. Sonado fue el eco que los socialistas se hicieron de la campaña de boicot a los productos de Huelva de Alemania. El PP —y la Junta— acusaron entonces a los de Pedro Sánchez de apoyar una campaña contra los intereses andaluces.

Para Gálvez esto no fue así. La socialista cree que lo que intentó el europeo —S&D, por sus siglas en el Parlamento Europeo— en ese momento fue señalar que se estaba produciendo ese boicot para alertar de que existía ese estado de ánimo. «No fuimos parte del boicot, hicimos una advertencia», explica.

Desde Bruselas se observa con «alivio», según fuentes del Parlamento Europeo, el que haya un acercamiento. Ni en el grupo socialista ni el popular en la Eurocámara disimulan que la situación era incómoda. Para los primeros porque «era complicado explicar a los colegas eurodiputados una situación en la que el Gobierno andaluz pide más fondos por el cambio climático pero legisla contra Doñana»; para los populares porque un enfrentamiento sobre la cuestión 'verde' afecta a una de las líneas maestras de la estrategia de Juanma Moreno.

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP, exalcalde de Sevilla y exministro del Interior, conoce bien la política andaluza. Fue también presidente del PP regional. Con la distancia que le da el estar en Bruselas, destaca la «hipocresía» del PSOE en el asunto del agua y Doñana. «Gobernaron durante 40 años y no hicieron nada», resume. El popular destaca asimismo que la Junta ultima la compra de 7.500 hectáreas para ampliar Doñana. Y, sobre todo, alaba la propuesta del presidente andaluz de acudir a Bruselas con la exigencia de que «el déficit hídrico» sea una de las condiciones para acceder a más financiación europea.

La cuestión de Doñana ha sido objeto de deliberaciones y preocupación en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en el Comité Europeo de las Regiones. Fueron miembros de la Eurocámara del PSOE quienes escribieron una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, para advertirle de que el Parlamento andaluz tramitaba una norma que preveía «permitir extraer agua en nuevos puntos dentro del parque nacional de Doñana». El gesto enfadó, y mucho, al Gobierno andaluz y al PP regional, que acusó al PSOE de «mentir».

También en el Parlamento Europeo se produjeron movilizaciones de eurodiputados para atacar la tramitación de la norma andaluza que impulso el PP y poner en duda el fruto rojo onubense por el origen del agua para su riego.

La Comisión, por su parte, ha tenido un papel protagonista. El Gobierno andaluz se ha reunido con el comisario de Medio Ambiente para explicarle qué pretendía hacer con la ley de reordenación de los regadíos en el entorno de Doñana, norma paralizada ahora mientras se negocia un acuerdo sobre el futuro del parque.

También la Comisión Europea tiene abierta un proceso de sanción contra España por la gestión del agua de Doñana. Multa que llega al Gobierno central, subraya la eurodiputada Lina Gálvez. Razón por la que, cree, la Junta ha actuado con ligereza con los regadíos en el espacio natural. «La sanción no les llega a ellos», señala la socialista.

Y en el Comité de las Regiones, que la pasada semana celebró en Bruselas su Semana de las Regiones y las ciudades. En la misma se presentó un informe sobre el estado de la UE donde se hacían referencias explícitas e implícitas a Doñana.

Las directas describían cómo «la extracción ilegal de agua, así como las tensiones entre la protección de la naturaleza y la agricultura alrededor de los humedales de Doñana, llevaron a la prensa de toda la Unión Europea a anunciar 'próximas guerras del agua'».

Las más veladas hablaban del peligro para la agricultura que supone la falta de agua. Especialmente en zonas como Doñana, que acumulan años de sequía y explotación de sus acuíferos.

«La disminución del suministro de agua en el futuro —indica el informe del Comité de las Regiones— no solo desestabilizará los sistemas alimentarios europeos, sino que también pondrá en tela de juicio la autonomía estratégica europea».

El «alivio» que muestran las instituciones europeas ante la posibilidad de un acuerdo sobre Doñana es «moderado y prudente», matizan. Esto es marca de la casa. Las instituciones de la UE son muy reacias a involucrarse con decisión en temas domésticos que son, además, enfrentamientos entre partidos. De ahí, sobre todo, lo excepcional de que el asunto de Doñana haya protagonizado titulares en Bruselas estos meses.

Si en algo coinciden PP y PSOE en Bruselas es que el asunto de Doñana «debe solucionarse». Para Zoido, en ello trabaja la Junta. Para Gálvez, «que no lo hubiese sería un fracaso de todos que no podemos permitirnos». Hay voluntad de pacto tanto en España como en la UE y, además, las instituciones europeas miran con atención que Junta y Gobierno central se entiendan.