El Gobierno insiste en que las marismas de Doñana forman parte de la costa

En definitiva y aunque son necesarios los matices, el Gobierno de España considera que hasta la provincia de Sevilla todos esos humedales son en realidad playa. Una extensión de la costa. Que son zonas de inundación por efecto de las mareas, que si no llega el agua salada a estas marismas de agua dulce es por culpa de la acción del ser humano.

Una afirmación que contradice siglos de literatura científica, de evidencias visibles (las lagunas se secan en verano, se llenan en invierno con las lluvias) y que, si se tomaran las medidas obligadas para la recuperación de este espacio natural de máxima protección, supondría el fin de Doñana. Una reserva de la Biosfera protegida por la Unesco y que por sus condiciones es única, cobijando flora y fauna que con la irrupción del mar estarían condenadas a la desaparición de este enclave.

Todos están en contra de este deslinde. También Sumar, socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El diputado andaluz de Izquierda Unida, Tony Valero, ha preguntado en el Congreso si el Gobierno va a revisar los criterios de este deslinde, si «va a garantizar una nueva limitación que no revierta la consideración de enclave fluvial por mareal». La respuesta del ministerio que dirige Sara Aagesen es contundente: No. Sigue adelante en su empeño pese al recurso en el contencioso-administrativo de la Junta, pese a las movilizaciones en Hinojos, pese a la queja formal del Consejo de Participación.

«Los criterios que se han tenido en cuenta para la tramitación y aprobación de este deslinde son los que establece la legislación de costas y que la Administración tiene obligación de aplicar en toda España. Sería ilegal contemplar excepciones para territorios específicos o para interesados concretos«, informan en su respuesta por escrito.

«El deslinde no implica un cambio respecto a las consideraciones sobre lo que actualmente es la marisma de Doñana, puesto que lo que marca la normativa de costas es que forman parte del dominio público marítimo-terrestre los terrenos naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales«. Aquí es donde se ubica el gran conflicto y que deja la puerta abierta, de par en par, a la especulación, que cuando se habla de este parque natural puede derivar en un daño terrible.

El Miteco asegura que no piensa intervenir, pero al incluir este territorio dentro de su competencia, está obligado a protegerlo. Por tanto, a eliminar (o no restaurar si fuera necesario) la conocida como 'Montaña de río', un elemento natural creado por la colmatación y sedimentación del propio Guadalquivir, pero reforzado y alterado por el ser humano. La desaparición de este malecón cambiaría por completo la fisonomía del parque. El ministerio no se plantea tocarla pero...

«Olvida que el deslinde tiene un objetivo, no sólo que el estado incorpore estos terrenos a su propiedad, sino que los restaure y conserve», señala Juanjo Carmona, de WWF. «Así que la pregunta debía haber sido, ¿qué acciones piensa usted ahora ejecutar para que esos terrenos sean efectivamente inundables por la marea? ¿Ha ordenado ya al parque levantar las compuertas de los caños? ¿Va a tirar usted la Montaña del Río? ¿Cómo y cuándo?».

En el Partido Socialista son conscientes del riesgo que entraña ir contracorriente de la opinión generalizada en este debate, por lo que lo eliminan de su agenda. Los parlamentarios del PSOE-A no discuten esta cuestión cuando se ha llevado al hospital de las Cinco Llagas, ya fuera por la alcaldesa de Hinojos (Joaquina del Valle Ortega) o por el representante del PP, Manuel Andrés González, quien defendió en la cámara una PNL (Proposición No de Ley) para pedir la rectificación del Gobierno. La provincia de Huelva, concretamente la zona de influencia de Doñana, puede castigar en las urnas esta decisión tomada desde Madrid, pues creen que la única intención del Ejecutivo es quedarse con algo que siempre les ha pertenecido, que han cuidado y conservado como parte de su identidad (desde los tiempos de Alfonso X el Sabio). Por ello, en el PSOE se remiten a la decisión de la Justicia en el momento en que se discuta en los tribunales este procedimiento administrativo.