El Gobierno oculta la gestión para alojar migrantes en Andalucía

Si la falta de información está siendo una constante en materia de menores migrantes —la Junta cifra en 567 los que ha tenido que atender con recursos propios durante el año 2024 tras ser derivados a la región como adultos—, el Gobierno mantiene una total opacidad sobre la gestión y el número de personas que está enviando a Andalucía de manera temporal.

Estas personas son derivadas a centros y hoteles además sin que los ayuntamientos de las localidades donde están ubicados tengan ningún tipo de información, por lo que se enteran una vez que ya están en el municipio. Así ha venido ocurriendo desde 2023 en provincias como Almería y Málaga, y ahora también en localidades de la provincia de Sevilla, como Espartinas o Alcalá de Guadaíra. Es rara la semana en la que no sale a la luz la llegada de centenares de migrantes a alguno de estos hoteles habilitados como centros temporales. Estas personas están además en régimen abierto, por lo que muchos se quedan buscándose la vida.

ABC ha preguntado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por el número de migrantes trasladados a Andalucía de manera temporal. Hace más de una semana de dicha solicitud de información. Este diario insistió ayer en pedir la cifra aunque no hubo suerte, emplazándonos a recabarla en la medida de lo posible «ya que hay datos que no se facilitan», se aseguró.

Desde el citado Ministerio se explicó que estas personas son trasladadas y se quedan en un dispositivo de forma «muy temporal porque se van a repartir por perfiles y plazas disponibles en otros recursos de la Península».

Los centros a los que son derivados se buscan en función de la habitabilidad, condiciones o servicios, según se agregó. «Siempre que se puede se recurre a centros públicos y sólo en caso de que no haya otras opciones, se recurre a hoteles. A este respecto, hay que indicar que los hoteles se usan de forma puntual, temporal y una vez que se alquilan dejan de ser hoteles en el sentido estricto de la palabra para convertirse en centros de acogida temporal», se abundó desde el Ministerio de Migraciones.

En dichas instalaciones, organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja se encargan de atenderlos. Los costes, la elección y contratación de dichos hoteles corren a cargo del Estado.

En cuanto a la falta de información de la que se viene quejando la Junta de Andalucía, pero también los alcaldes de los municipios a donde llegan estos contingentes de personas, se aseguró que «mensualmente se informa de la capacidad de acogida y de las aperturas previstas a Delegación de Gobierno y a las Comunidades autónomas».

La Junta de Andalucía sostiene todo lo contrario. Jesús Toronjo es el director general de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y niega con rotundidad que exista una comunicación fluida con el Gobierno en esta materia pese a la insistencia del Ejecutivo andaluz: «La opacidad en cuanto al traslado de los adultos comenzó desde el principio. Cuando se solicitó la celebración de la Conferencia Sectorial de Migración al inicio de la crisis en Canarias, logramos arrancarle al mínimo el compromiso de que nos enviara información. Sin embargo, efectúan los traslados sin ningún tipo de información a la Junta. No sabemos por tanto cuántos adultos están llegando de manera temporal. Lo único que nos envían es un resumen mensual. El último cerrado a 20 de noviembre nos lo remitieron a 30 de diciembre, para que se haga una idea, con las plazas disponibles y la ocupación. Es la única información oficial que tenemos», aseguró a ABC.

Cuando se le preguntó a este responsable de la Consejería de Inclusión Social sobre dichas plazas y el nivel de ocupación, respondió que es algo de lo que corresponde informar al Gobierno. «Nosotros sí somos leales. Lo único que sí puedo decir es que según los datos de diciembre, la ocupación de los recursos que el Gobierno tiene en Andalucía estaba al 89%. Con ese porcentaje se deduce que están abriendo recursos, sobre todo hoteles, aunque es algo de lo que, insisto, no nos informan en absoluto. Tampoco nos indican dónde los trasladan ni nos dan previsión para que la Junta pueda ofrecer la atención que necesitan estas personas».

Eso sí, se atrevió a dar un porcentaje aproximado: «Estimamos que Andalucía aglutina el 25% de los recursos nacionales para los migrantes trasladados a la Península desde Canarias y digo estimamos porque no nos dan datos del resto de las comunidades».

Toronjo va a más: «Aunque durante el primer año la estancia era de sólo unos días, esto está cambiando. Hay migrantes que se quedan meses en estas instalaciones temporales, incluso durante casi un año» hasta que se resuelve, en los casos en los que lo hayan solicitado, la petición de asilo. Antes, abundó, algunos venían ya con un plan determinado para dirigirse a otros países donde tienen familiares o amigos pero otros, según incidió, se quedan en Andalucía, algunos en asentamientos irregulares.

Toronjo aseguró que en la última Conferencia Sectorial de Migración se le pidió a la ministra, Elma Saiz, información sobre el programa de acción del Gobierno en esta materia. «La única respuesta que obtuvimos fue que la programación del Gobierno era trabajar mucho. Hablamos de un fenómeno ya crónico y cíclico y entendemos que deberían tener una respuesta programada y no actuar parcheando como están haciendo».

Una de las consecuencias de esta opacidad e improvisación es el malestar que está creando en los municipios a donde llegan estas personas y los bulos que provoca: «Esta falta de información muchas veces alimenta los bulos. Es el propio Gobierno el que los está alimentando y se crean situaciones de alarma innecesarias debido a esta actitud».

Por ello apeló a la lealtad institucional, «la corresponsabilidad y la cogobernanza con las comunidades autónomas, aunque hay que lamentar que no se está produciendo. Al igual que tampoco ha existido con la modificación del Reglamento de Extranjería, que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas pese a que tenemos muchas de las competencias. No se nos ha consultado absolutamente nada».